El proyecto reconoce el rol preferente de las familias en la formación de los hijos y plantea que el Estado actúe como garante del acceso y permanencia, sin sustituir la responsabilidad individual ni la iniciativa social. Entre sus puntos centrales, garantiza la gratuidad en las escuelas públicas y prevé un financiamiento equitativo para todas las instituciones, estatales y privadas, mediante criterios centrados en el estudiante.
La propuesta incorpora formas alternativas de enseñanza, como la educación en el hogar y en entornos virtuales, con acreditación a través de evaluaciones estandarizadas. También establece contenidos mínimos comunes para todo el país, respetando la identidad cultural y lingüística de los pueblos originarios, y crea el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES) como herramienta voluntaria para medir aprendizajes al finalizar la escolaridad obligatoria.
En materia docente, la ley introduce una nueva carrera profesional basada en mérito, formación continua y evaluación periódica, además de la creación del Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente. Asimismo, fija principios de financiamiento que incluyen aportes regulares a instituciones privadas y vales o becas para garantizar la libre elección de escuela.
Con información de: Parlamentario