Según los datos expuestos, de 1.251 personas heridas en hechos represivos durante protestas, 179 fueron periodistas, fotógrafos y comunicadores, una cifra inédita en la última etapa democrática.
“Un ataque sistemático contra la prensa”
Moisés afirmó que los datos revelan “un ataque sistemático organizado desde el Gobierno Nacional”, que incluye censuras judiciales, allanamientos, acoso penal a comunicadores y pedidos para que revelen sus fuentes en investigaciones sensibles.
“Proteger las fuentes es proteger la labor periodística y el derecho de la ciudadanía a informarse”, expresó.
La legisladora también subrayó que la libertad de expresión “no es solo lo que dicen los periodistas, sino un derecho integral de todas las personas”.
Reaparición de prácticas inéditas
El informe señala hechos considerados de gravedad institucional, entre ellos:
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Censuras ordenadas desde el Poder Judicial.
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Allanamientos impulsados por el Ejecutivo.
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Persecución penal a periodistas por opiniones o investigaciones.
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Intentos de forzar a comunicadores a revelar sus fuentes.
Moisés recordó que la comisión estuvo tres años sin funcionar, y que una de sus primeras medidas al retomarla fue crear un Observatorio de Libertad de Expresión para recepcionar denuncias y acompañar a trabajadores de prensa.
Voces académicas, sindicales y profesionales
La jornada contó con exposiciones de periodistas y especialistas como Ari Lijalad, Julia Mengolini, Ángela Lerena, además de representantes gremiales como Carla Gaudensi (Fatpren) y Sebastián Vricella (ARGRA).
Diego de Charras, investigador y profesor de Derecho a la Información en la UBA, sostuvo que el panorama es “más complejo que en 2024” y advirtió sobre “el abandono del rol del Estado” en garantizar este derecho. “Estamos preocupándonos por la integridad física de reporteros y fotógrafos”, evaluó.
Desde el exterior, la secretaria general de la FIP, Zuliana Lainez Otero, remarcó que “documentar las agresiones es fundamental para impedir que se invisibilicen los ataques contra periodistas en Argentina”.
“Se afecta la calidad democrática”
Carla Gaudensi, de Fatpren, afirmó que los ataques provenientes del ámbito judicial y político “afectan la calidad democrática”, mientras que desde SiPreBa se destacó el “desguace de los medios públicos” y el impacto de la desaparición de Télam en la pluralidad informativa.