Las dos reformas ingresaron por el Senado, donde el gobierno logró construir una mayoría sólida y le servirá que sea Cámara de origen, por si aparecen modificaciones en el debate en Diputados.
Respecto a la Ley de Salud Mental el texto señala que la iniciativa “tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, implementar acciones de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria”.
El objetivo es “superar las limitaciones actuales para el abordaje de casos de riesgo y emergencia, clarificando conceptos y criterios y adaptándolos a las necesidades asistenciales de cada jurisdicción”. El relevamiento previo incluyó aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores judiciales y legislativos, donde “se detectaron dificultades concretas en la práctica diaria”.
El proyecto también propuso reemplazar el término “padecimiento mental” por definiciones basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades, “incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”.
El segundo proyecto enviado al Congreso se centró en las pensiones no contributivas por invalidez. El Ejecutivo sostiene que entre 2003 y 2023 estos beneficios pasaron de 76.000 a aproximadamente 1.200.000. En ese marco, afirmó que “la magnitud de la situación descripta ha generado una inevitable sospecha sobre las condiciones en que dichos beneficios fueron otorgados”.
Según señalan, investigaciones y auditorías detectaron “una gran cantidad de pensiones otorgadas sin cumplir con los requisitos legales” y mencionan “domicilios inexistentes” y casos en los que “no se verifican los requisitos legales y médicos exigidos”.
Esta situación “genera un injustificable dispendio de los recursos del Estado nacional” y afecta “la correcta asignación de los recursos”. Por eso, el proyecto propuso crear herramientas específicas para “prevenir, detectar y sancionar el fraude, resguardando simultáneamente los derechos y garantías de los beneficiarios legítimos”.
Entre los cambios, se incluyó la implementación de auditorías periódicas, el cruce de datos con distintos organismos públicos y la posibilidad de suspender beneficios ante incumplimientos. También se estableció un proceso de reempadronamiento obligatorio para actualizar la información de los titulares.
Con estos temas, el oficialismo busca retomar la iniciativa parlamentaria en la previa al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además de los nuevos proyectos, el Ejecutivo evalúa acelerar el tratamiento de las leyes de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Hojarasca.
La idea del Gobierno es avanzar con Hojarasca el martes en comisión y, de no mediar dificultades, llevarlo al recinto al día siguiente.
Respecto a la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el debate continúa abierto en el Senado, aunque sin fecha de dictamen debido a reparos de la oposición dialoguista sobre modificaciones que no fueron consensuadas tras la defensa del ministro Federico Sturzenegger en comisiones.