Una fuerte polémica se desató este lunes en la Casa Rosada luego de que varios periodistas con acreditación vigente no pudieran ingresar a cumplir sus tareas habituales. Según trascendió, la decisión estaría vinculada a una investigación internacional que menciona a medios argentinos en una presunta red de financiamiento ligada al espionaje ruso.
De acuerdo con fuentes oficiales del entorno del presidente Javier Milei, la medida fue adoptada de manera “preventiva”, en el marco de una evaluación interna sobre los medios señalados. En ese sentido, desde el Gobierno adelantaron que planean convocar “uno por uno” a los directivos de las empresas periodísticas involucradas para esclarecer su situación.
Además, advirtieron que, en caso de confirmarse las sospechas, podrían impulsarse acciones judiciales que incluirían figuras graves como “traición a la patria” o “injerencia de una nación extranjera”.
La decisión se habría basado en un informe publicado por la organización openDemocracy, en el que se denuncia que una estructura denominada “La Compañía” habría financiado con unos 283 mil dólares la publicación de más de 250 artículos en 23 medios digitales argentinos, con el objetivo de erosionar la imagen del Gobierno nacional.
Uno de los periodistas afectados relató que se enteró de la restricción al intentar ingresar al edificio. “Con lluvia y todo, mostramos nuestras credenciales, pero nos dijeron que por orden de la Secretaría General nos habían deshabilitado la huella. No nos dieron más explicaciones”, expresó.
La medida, que habría sido dispuesta desde el área que conduce Karina Milei, generó preocupación en el ámbito periodístico, donde distintas voces advierten sobre posibles avances sobre la libertad de prensa.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en que se trata de una acción transitoria en el marco de una investigación en curso, en un contexto que mezcla geopolítica, información y tensiones internas en el escenario mediático argentino.