La víctima fue hasta la casa de su asesino pero este, no solo  se negó a pagar, sino que además le asestó una puñalada mortal del lado izquierdo del tórax. Rodrigo pudo conducir su moto un par de cuadras y buscar ayuda, los vecinos lo socorrieron, llamaron a la ambulancia pero nada se pudo hacer para salvarlo.

Antes de morir Rodrigo dio el nombre de su atacante, que luego de haberlo herido de muerte se dio a la fuga.

La familia y amigos reclaman "fraude de la justicia", ya que en el 2021, aprovechando la pandemia y un sistema judicial colapsado, el asesino negoció su condena: se declaró culpable en un “juicio abreviado” y alegó "legítima defensa" para justificar su crimen. La familia al enterarse de lo que estaba sucediendo logró apelar y reabrir la causa.

Tres años después los jueces María Margarita Nallar (presidenta de trámite), Carolina Pérez Rojas y Mario Ramón Puig, condenaron por unanimidad a Pablo Alarcón a 10 años por el delito de homicidio simple, rechazando la versión del defensor público oficial Esteban Salinas Saguir, quien requirió la absolución de su defendido por legítima defensa.

Pero el pasado 6 de junio, un nuevo tribunal accedió a condenar Alarcón con la pena mínima de 2 años por legítima defensa.

La familia pide que el estado se haga presente, y no solo castigue a quien generó una pérdida irreparable, sino que además castigue a quienes con liviandad justifican la violencia que arrebata vidas, hay una familia destruida por este hecho, niñas que crecen sin la protección de su padre, una madre sin su hijo, la falta de un hermano, de un primo, de un nieto y de un amigo.