El grupo de cuatro integrantes habría operado desde noviembre de 2024 hasta octubre de 2025 en el Establecimiento Penitenciario Nº 7, ubicado en Alto Comedero. Para llevar adelante las maniobras, los sospechosos habrían utilizado celulares ocultos en sus celdas y se presentaban como autoridades judiciales ante distintas dependencias de seguridad.
El procedimiento consistía en obtener información de personas detenidas y los contactos de sus familiares para después ofrecerles supuestas gestiones de libertad, fianzas o trámites judiciales a cambio de dinero. Los acusados reforzaban el engaño con perfiles de WhatsApp que incluían fotografías de Rosatti e imágenes vinculadas con la Corte Suprema.
La causa también contempla estafas mediante falsas promociones comerciales, en las que las víctimas recibían anuncios de supuestos premios, como automóviles, dinero o electrodomésticos, y debían realizar pagos por presuntos gastos administrativos. Entre los casos documentados figura el de un hombre que transfirió $450.000 para obtener la supuesta liberación de su hijastro, detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.
Otros denunciantes habrían realizado transferencias de $429.500 por un vehículo que nunca recibirían, mientras que una tercera víctima reportó pérdidas estimadas entre 9 y 10 millones de pesos por una falsa promoción relacionada con un premio de telefonía satelital. Según el expediente, el dinero era recibido a través de cuentas bancarias, billeteras virtuales y alias que buscaban aparentar vínculos con instituciones legítimas.
El caso salió a la luz el 25 de noviembre de 2024, cuando el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina recibió una llamada de una persona que afirmó ser Horacio Rosatti y pidió información sobre detenidos y sus familiares. Las sospechas permitieron rastrear la comunicación hasta las inmediaciones del penal jujeño, lo que derivó en intervenciones telefónicas, análisis de movimientos bancarios y allanamientos realizados en diciembre de ese año, durante los cuales se incautaron celulares, tarjetas SIM y anotaciones con datos financieros y números telefónicos.
Para el juez Ercolini, la utilización del nombre y la investidura del titular de la Corte Suprema formaba parte de un mecanismo destinado a atribuirse una autoridad que los sospechosos no tenían. La resolución también señaló que las maniobras habrían continuado después de los primeros procedimientos, mientras que los cuatro internos deberán afrontar el proceso por los delitos de asociación ilícita, estafa, extorsión y usurpación de autoridad.
