La resolución fue alcanzada mediante un acuerdo de juicio abreviado que fue homologado judicialmente el 21 de octubre. El caso quedó a cargo del fiscal Pablo Martín de Tezanos Pinto, titular de la Fiscalía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes N.º 1, con la intervención de la secretaria de la unidad, Ana Rivas.
Según informó el MPA, el adolescente reconoció los hechos atribuidos y asumió su responsabilidad penal en el marco de un acuerdo celebrado entre las partes, que contó además con la conformidad expresa de las víctimas.
La homologación estuvo a cargo de la jueza especializada en Responsabilidad Penal Juvenil con función de juicio, María del Rosario Hinojo, quien dio validez al acuerdo alcanzado durante el proceso.
Los hechos reconocidos fueron calificados como encubrimiento por receptación dolosa, amenazas con armas, amenazas coactivas, desobediencia a la autoridad, daños y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Como parte de la resolución, se dispuso la implementación de un abordaje interdisciplinario destinado a acompañar al adolescente y favorecer la construcción de un proyecto de vida acorde a su edad y circunstancias personales.
La medida contempla un seguimiento integral mediante una intervención especializada, orientada tanto a la protección de los derechos del adolescente como a la consideración de los derechos de las víctimas involucradas en el caso.
Desde el Ministerio Público de la Acusación destacaron que la intervención se desarrolló conforme a los procedimientos previstos en la provincia para la justicia penal juvenil, respetando las garantías constitucionales y los principios que rigen el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal.
