El presidente Javier Milei anunció una serie de medidas vinculadas con el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas durante la cadena nacional que brindó este jueves. Las iniciativas contemplan cambios normativos, sanciones económicas y un refuerzo de las capacidades militares, logísticas y tecnológicas del país en el Atlántico Sur.
Entre las principales medidas, el mandatario firmó un decreto destinado a agilizar los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley 26.659, que establece restricciones para empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas sin autorización argentina.
La nueva reglamentación alcanzaría a compañías involucradas en proyectos hidrocarburíferos en el archipiélago, como Rockhopper y Navitas, vinculadas al proyecto Sea Lion. Las empresas alcanzadas quedarían además excluidas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y podrían quedar inhabilitadas para operar o contratar en el territorio argentino.
Más fondos para la defensa y Tierra del Fuego
Otro de los ejes del anuncio está relacionado con el fortalecimiento de la infraestructura estratégica. El Gobierno dispuso una modificación de partidas del Ministerio de Defensa que contempla $114.732 millones en adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo, fondos que serán destinados principalmente al inicio de las obras de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.
El proyecto busca convertir a la provincia en un punto estratégico para las operaciones y la logística del Atlántico Sur, además de fortalecer el monitoreo del Mar Argentino y facilitar el acceso hacia la Antártida.
El canciller Pablo Quirno destacó que Tierra del Fuego constituye un “punto neurálgico del Atlántico Sur” y remarcó la importancia de su ubicación tanto para las actividades antárticas como para el control y monitoreo del espacio marítimo argentino.
La construcción de la base demandaría una inversión estimada de entre 400 y 500 millones de dólares, según estimaciones mencionadas por fuentes del Ministerio de Defensa. La hoja de ruta oficial contempla un proceso de al menos cuatro años, con desembolsos que podrían ubicarse entre 100 y 150 millones de dólares anuales.
En paralelo, el Gobierno también prevé reforzar la Base Antártica Conjunta Petrel, con la intención de avanzar en el desarrollo coordinado de ambas instalaciones.
Más recursos para el desarrollo satelital
El paquete de medidas también contempla un refuerzo de las capacidades espaciales. A través de las modificaciones presupuestarias establecidas por el DNU 867/2026, se incrementaron en $117.000 millones los gastos figurativos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
De acuerdo con fuentes oficiales, una parte significativa de esos recursos estará destinada al desarrollo de nuevos satélites y capacidades tecnológicas.
En ese marco, el Gobierno informó que la próxima misión satelital de la CONAE, SABIA-Mar, se encuentra en la etapa final de integración y ensayos en las instalaciones de INVAP. Su lanzamiento está previsto para el primer semestre de 2027 y tendrá como objetivo generar información estratégica para áreas como la producción, la seguridad, la investigación científica y la gestión ambiental.
El proyecto que llegará al Congreso
El principal componente legislativo del anuncio será el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
La iniciativa tendrá dos ejes centrales. Por un lado, buscará endurecer las sanciones previstas en la Ley 26.659 para las empresas que participen en operaciones no autorizadas en las islas. Entre las medidas previstas figura la posibilidad de impedir que esas compañías contraten tanto con el Estado como con actores privados dentro del territorio argentino.
El proyecto también contemplaría, cuando corresponda, la aplicación de la figura del juicio en ausencia para los infractores.
El segundo eje será la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, organismo que tendría carácter transversal y buscaría coordinar las áreas de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.
“Le pediremos al Congreso que le otorgue al Consejo las facultades necesarias para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o no estatales que amenacen nuestra seguridad nacional”, sostuvo Milei durante su mensaje.
El proyecto podría ingresar al Congreso durante la próxima semana y se espera que el oficialismo busque avanzar con su tratamiento con cierta celeridad.
De esta manera, el Gobierno pretende instalar una nueva agenda sobre la cuestión Malvinas, combinando el reclamo diplomático de soberanía con medidas económicas, legislativas, militares, logísticas y tecnológicas destinadas a fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y la Antártida.
