El Ministerio de Seguridad de Jujuy se refirió a la intervención policial registrada en inmediaciones de la sede de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) y aseguró que la presencia de los efectivos respondió al cumplimiento de tareas de prevención y resguardo del orden público.
El secretario de Seguridad, Carlos Ariel Gil Urquiola, explicó que el procedimiento comenzó a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de personas en calle Lamadrid que impedían el ingreso a un domicilio.
A partir de esa situación, personal policial de la zona se trasladó hasta el lugar para realizar las intimaciones correspondientes y solicitar el despeje de la vía pública, en el marco de sus funciones preventivas.
Según el reporte oficial, durante el procedimiento se produjo un forcejeo con personas que intentaban ingresar a la sede gremial, situación que dejó a tres efectivos policiales con lesiones leves.
El jefe de la Policía de Jujuy, Joaquín Carrillo, indicó que los agentes fueron examinados por el médico de la fuerza y posteriormente realizaron las denuncias correspondientes.
La Fiscalía investiga lo ocurrido
Carrillo sostuvo que la presencia de los efectivos tuvo un carácter preventivo y remarcó que la función de la Policía es “resguardar el orden público, la paz social y garantizar el derecho al libre tránsito”.
Al mismo tiempo, aclaró que las circunstancias en las que se desarrollaron los incidentes se encuentran bajo investigación de la Fiscalía.
En ese marco, adelantó que los registros fílmicos disponibles serán analizados con el objetivo de identificar a las personas que participaron de los hechos.
Por su parte, Gil Urquiola explicó que cualquier medida que pudiera corresponder respecto de la situación registrada dentro de la sede de ADEP dependerá de las decisiones que adopte la autoridad judicial.
Desde Seguridad remarcaron que la Policía continúa a disposición de la Justicia en carácter de auxiliar de las autoridades judiciales y que cualquier intervención posterior deberá realizarse en función de las medidas u órdenes que emita la Fiscalía competente.
De esta manera, el Gobierno provincial sostuvo que el accionar policial se enmarcó en tareas preventivas, mientras la investigación judicial deberá determinar las circunstancias y responsabilidades vinculadas con los incidentes registrados en inmediaciones de la sede gremial.
