El principal reclamo está relacionado con la reglamentación de los aportes obligatorios incluida en el Decreto 612/2026. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) manifestó su “profunda preocupación y rechazo” y advirtió que la medida representa un retroceso respecto de las expectativas que había generado la reforma laboral.
Para el sector privado, el problema no pasa únicamente por el contenido de la norma, sino por la distancia entre los anuncios iniciales y las medidas finalmente reglamentadas.
Reclamo por los aportes obligatorios
La reforma laboral había sido presentada como parte de una agenda destinada a reducir regulaciones, costos y cargas que afectan a las empresas.
En ese marco, CADAM cuestionó que la reglamentación mantenga obligaciones que, según la entidad, contradicen uno de los objetivos centrales de la modernización laboral.
“Pedimos coherencia entre los objetivos anunciados por el Gobierno al impulsar la modernización laboral y la reglamentación posterior”, reclamó la cámara empresaria.
La entidad sostuvo además que la medida “termina desvirtuando uno de los objetivos centrales planteados originalmente por la reforma laboral”: evitar que los empleadores deban financiar estructuras que incrementan el costo laboral.
Cuánto cuesta un trabajador
CADAM también puso sobre la mesa un dato para dimensionar el impacto de las cargas laborales. Según las cifras difundidas por la entidad, por cada $2.128.749,84 que se aporta por un trabajador, este recibe en mano $1.397.943, equivalente al 65,67%.
Para los empresarios, el planteo apunta a que una verdadera modernización del mercado laboral debería reducir aquellos costos que no llegan directamente al trabajador.
La discusión vuelve así sobre uno de los principales objetivos que el Gobierno había asociado a su agenda de reformas: abaratar el costo de contratación y favorecer el empleo formal.
El otro frente: la pelea por los puertos
El malestar con Sturzenegger tampoco quedó limitado a la reforma laboral. Empresarios vinculados a la marina mercante cuestionaron con dureza su proyecto de desregulación del cabotaje.
Gustavo D’Amico, presidente de la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA), acusó al ministro de avanzar sin consultar al sector. “Sturzenegger no nos consulta. Es irracional”, afirmó.
Según D’Amico, la entidad envió tres notas al funcionario sin obtener respuesta. FENA representa, de acuerdo con sus autoridades, al 95% de las compañías navieras que operan en Argentina y decidió avanzar con contactos en el Congreso para intentar frenar el proyecto.
“Tenemos que jugar fuerte porque no nos dan ninguna chance. Esto emite el certificado de defunción de una actividad”, sostuvo el empresario.
El Gobierno enfrenta así una paradoja política y económica: un sector empresario que inicialmente recibió con expectativa la agenda de desregulación ahora reclama coherencia, diálogo y medidas que no contradigan el espíritu de las reformas anunciadas. Para Sturzenegger, el reto será sostener su programa frente a un malestar privado que empieza a ganar volumen.
