El asesor presidencial Santiago Caputo aseguró que aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son irregulares y acusó a dirigentes políticos de haber utilizado estos beneficios para favorecer a familiares, conocidos y allegados. Sus declaraciones se produjeron luego de que trascendiera la denuncia contra Romina Uhrig, exdiputada y exparticipante de Gran Hermano, por un certificado de discapacidad que habría sido emitido en 2018, cuando su entonces pareja, Walter Festa, era intendente de Moreno.
A través de una publicación en su cuenta de la red social X, Caputo cuestionó el funcionamiento del sistema de pensiones no contributivas por invalidez y defendió la decisión del Gobierno de avanzar con controles para detectar posibles irregularidades.
"Aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas. Certificados emitidos por los políticos para sus amigos, conocidos, tíos, primos, o simplemente para hacer política", afirmó el funcionario.
Además, sostuvo que, mientras el Gobierno intenta dar de baja las prestaciones que considera irregulares, el Congreso busca obstaculizar esas medidas y avanzar con la duplicación de las pensiones existentes.
"Tenemos más pensiones por invalidez que un país que haya sufrido una guerra", expresó.
Caputo también vinculó las presuntas irregularidades con la calidad de las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad. Según su argumento, la existencia de beneficios indebidos reduce los recursos disponibles para quienes efectivamente los necesitan.
"El tema pensiones por invalidez debe ser una de las mayores estafas de la política nacional de los últimos 20 años", concluyó.
Sin embargo, el porcentaje del 60% mencionado por Caputo constituye una afirmación del asesor presidencial y requiere respaldo en datos verificables. La existencia de irregularidades en determinados casos no permite concluir, por sí sola, que esa proporción del total de las pensiones sea fraudulenta.
El Gobierno impulsa una ley contra el fraude en las pensiones
Las declaraciones del asesor presidencial se conocieron después de que el Gobierno remitiera al Congreso el proyecto de ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez.
La iniciativa busca establecer mecanismos para prevenir, detectar y sancionar posibles irregularidades, además de impulsar una revisión del régimen de pensiones no contributivas por invalidez laboral.
El debate se desarrolla en un contexto de controversias por las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei en materia de discapacidad. Las revisiones de prestaciones, las bajas cuestionadas y los reclamos de beneficiarios y organizaciones del sector pusieron en discusión los mecanismos de control, las garantías para las personas con discapacidad y el acceso efectivo a los derechos reconocidos por la legislación.
En ese escenario, la discusión central pasa por determinar cómo detectar y sancionar los casos de fraude sin perjudicar a quienes necesitan las prestaciones para afrontar sus gastos y sostener su calidad de vida.
Discapacidad y universidades, en el centro de la discusión por el ajuste
Las declaraciones de Caputo también reabren el debate sobre las prioridades presupuestarias del Gobierno nacional. Mientras el oficialismo insiste en la necesidad de controlar el gasto público y eliminar posibles irregularidades, distintos sectores cuestionan el impacto de las políticas de ajuste sobre áreas sensibles como la discapacidad y la educación universitaria.
En el ámbito universitario, el conflicto gira en torno al financiamiento de las casas de altos estudios, la actualización de sus partidas presupuestarias y el cumplimiento de las normas de financiamiento aprobadas por el Congreso. Las autoridades universitarias y los sectores educativos vienen advirtiendo sobre las dificultades para afrontar los gastos de funcionamiento, los salarios y el sostenimiento de las actividades académicas.
La controversia plantea un interrogante sobre el alcance de la política de austeridad: mientras el Gobierno reclama transparencia y controles sobre los recursos destinados a las prestaciones sociales, persisten los reclamos por el financiamiento de servicios públicos esenciales.
La discusión no se limita, por lo tanto, a la existencia de eventuales irregularidades en el sistema de pensiones. También involucra la responsabilidad del Estado de garantizar que las personas con discapacidad reciban las prestaciones que les corresponden y que las universidades públicas cuenten con los recursos necesarios para desarrollar sus funciones.
La denuncia contra Romina Uhrig
En paralelo, la polémica tomó impulso luego de que se difundieran versiones sobre un certificado de discapacidad vinculado a Romina Uhrig, exlegisladora y exparticipante de Gran Hermano.
De acuerdo con la información difundida, el documento habría sido emitido en 2018, cuando Walter Festa, su entonces pareja, se desempeñaba como intendente del partido bonaerense de Moreno. El certificado tendría vencimiento en 2028.
Uhrig rechazó las acusaciones a través de sus redes sociales y negó haber utilizado un certificado de discapacidad para evitar el pago de peajes o estacionar en espacios reservados para personas con discapacidad. También compartió un comprobante de pago de peaje y una imagen de su visa como parte de su descargo.
La existencia de un certificado de discapacidad, por sí sola, no demuestra que haya sido obtenido de manera irregular ni que se haya utilizado indebidamente. Para establecer si hubo una infracción, sería necesario contar con pruebas sobre la emisión del documento, las condiciones en las que fue otorgado y el uso que se le dio.
De esta manera, las declaraciones de Caputo vuelven a colocar en el centro de la agenda política el sistema de pensiones por invalidez y el manejo de los recursos públicos. Al mismo tiempo, el debate sobre los controles y el gasto estatal convive con los reclamos por el impacto del ajuste en discapacidad y el financiamiento de las universidades públicas.
