El informe fue elaborado durante la intervención del organismo y revisó distintos aspectos administrativos, entre ellos pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas.
Dos registros, una diferencia millonaria
Los auditores solicitaron información a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS), área que tenía a su cargo programas como Incluir Salud.
La comparación entre ambos registros permitió detectar el desfasaje. La DNASS informó el mayor volumen de deuda, aunque el informe también advirtió sobre posibles imprecisiones en los datos aportados.
Según lo señalado por esa dependencia, tanto los montos como su clasificación podían haber sufrido variaciones debido a errores involuntarios en la carga de información realizada por prestadores.
Fuentes oficiales consultadas por LA NACION señalaron que el Ministerio de Salud puso a disposición de la Justicia la información requerida y que continuará colaborando con la investigación.
Compras, pagos y el “legítimo abono”
Otro de los puntos observados por la auditoría fue el uso del mecanismo denominado “legítimo abono”, utilizado para pagar bienes o servicios ya entregados sin que previamente hubieran atravesado los procedimientos ordinarios de contratación.
De acuerdo con el relevamiento, hasta la fecha de corte solo se habían iniciado seis procedimientos de compras relacionados con esos servicios.
El informe no pudo determinar cuáles fueron específicamente los pagos realizados bajo esa modalidad. Sin embargo, estableció que los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.
La investigación judicial sigue abierta
La DNASS también aparece bajo análisis en la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en las contrataciones de la ex ANDIS. La pesquisa incluye acusaciones sobre posibles sobreprecios y presuntos pedidos de coimas de hasta el 20%, según la información judicial.
La auditoría había sido anunciada oficialmente por ANDIS el 28 de agosto de 2025, pocos días después del desplazamiento de Spagnuolo, con el objetivo de revisar los procesos administrativos y establecer un diagnóstico sobre el funcionamiento del organismo.
El nuevo hallazgo suma así otro capítulo a una investigación que continúa bajo análisis judicial y que pone el foco en el manejo de fondos, las contrataciones y los controles administrativos de la ex agencia.
