El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó que el programa incluye una cláusula para evitar la “puerta giratoria”. Quienes se acojan al retiro voluntario no podrán reincorporarse al Estado durante ocho años, salvo que devuelvan los beneficios recibidos. El objetivo declarado es reducir el gasto público y avanzar en la baja de impuestos.
El régimen contempla compensaciones diferenciadas según edad, aportes jubilatorios y antigüedad. Los beneficios van desde gratificaciones únicas hasta el pago de hasta 20 sueldos, con adicionales según los años de servicio. La convocatoria excluye a personal de seguridad, Fuerzas Armadas, inteligencia y otros sectores estratégicos.
Entre los requisitos figuran pertenecer a la planta permanente o tener contrato laboral por tiempo indeterminado, no poseer procesos penales ni sumarios graves pendientes y desistir de reclamos laborales contra el Estado. Los empleados que se encuentren en disponibilidad o con licencias prolongadas tampoco podrán adherirse. La adhesión implica el cese definitivo de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario.
Las autoridades de cada jurisdicción tendrán 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para aceptar o rechazar las solicitudes. En caso de no emitir resolución, el pedido se considerará rechazado. El Gobierno subrayó que la medida forma parte de las reformas estructurales orientadas a disminuir el déficit y mejorar la eficiencia del sector público.
