La Comisión de Pueblos Indígenas de la Legislatura de Jujuy comenzó a analizar un proyecto de ley destinado a prevenir la violencia, proteger y capacitar para garantizar a mujeres y niñas de comunidades originarias una vida libre de abusos y discriminación.
La iniciativa, presentada por el diputado Mario Nallar, apunta especialmente a visibilizar y combatir prácticas conocidas como el chineo y la rameada, vinculadas al abuso sexual de niñas y adolescentes indígenas, una problemática que, según se expuso durante el encuentro, continúa presente y requiere respuestas institucionales.
Durante la reunión, Nallar presentó los fundamentos de la propuesta junto a la comunicadora social María Claudia Neme Scheij, diplomada en Ciberdelitos y Trata de Personas, quien explicó los alcances del proyecto y la necesidad de generar conciencia sobre estas situaciones.
La presidenta de la comisión, Angélica Castillo, destacó la importancia de escuchar a las mujeres de las comunidades originarias y conocer sus experiencias para enriquecer el tratamiento legislativo. Además, adelantó que solicitarán aportes técnicos a la Secretaría de Pueblos Indígenas, el Ministerio de Salud y el Consejo Provincial de la Mujer.
En ese sentido, convocó a mujeres y autoridades de las comunidades a participar del debate y acercar sus propuestas.
Por su parte, Nallar sostuvo que el chineo y la rameada son prácticas que se mantienen desde hace generaciones y que, en determinados ámbitos, llegaron a naturalizarse por su carácter ancestral, pese a que constituyen hechos de abuso sexual.
“Hoy las mujeres indígenas están pidiendo una solución, están diciendo basta de chineo”, manifestó el legislador, quien también remarcó que el objetivo es construir consensos y alcanzar una legislación que responda a las necesidades de la sociedad.
En tanto, Neme Scheij explicó que estas prácticas tienen antecedentes históricos que se remontan a la época colonial y advirtió sobre su persistencia en la actualidad. También señaló que la propuesta busca que estos hechos sean considerados crímenes de odio y que puedan constituir un agravante del abuso sexual.
Como antecedente, mencionó la legislación vigente en Salta, conocida como Ley Octorina, que aborda esta problemática.
El proyecto continuará en análisis en la Legislatura, donde se buscará incorporar las observaciones de organismos provinciales y las voces de las propias comunidades originarias. El objetivo será avanzar en una propuesta que contemple sus realidades y establezca herramientas de prevención y protección para mujeres y niñas.
