La causa se inició en 2024 y apunta a una estructura que, según la acusación, habría operado mediante el cobro irregular de sanciones contravencionales. Los investigadores sostienen que se utilizaban actas y registros para aparentar la cancelación de las multas mientras el dinero era derivado fuera de los circuitos oficiales.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, los pagos efectuados por los ciudadanos no ingresaban a los sistemas habilitados para la recaudación. Los fondos habrían sido percibidos en efectivo o transferidos a cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas a los imputados.
El principal acusado es M. D. Y., señalado como presunto líder de la organización. Está imputado por asociación ilícita, fraude a la Administración Pública y lavado de activos agravado, todos en concurso real.
Junto a él serán juzgados S. N. A., A. M. R., A. A. S., F. E. Y., K. L. R., B. J. T. y M. L. A., acusados por distintos delitos relacionados con la presunta maniobra. Según la acusación, algunos de ellos habrían intervenido en la captación de pagos, mientras que otros habrían colaborado en la administración y ocultamiento de los fondos.
La investigación sostiene que las irregularidades habrían ocurrido entre enero y agosto de 2024. Durante ese período, los imputados habrían aprovechado el funcionamiento del organismo para convencer a los infractores de que realizaban pagos oficiales o donaciones destinadas a instituciones públicas.
La Fiscalía también afirma que fueron adulterados registros y legajos para simular la cancelación de sanciones. En numerosos casos, además, la documentación habría sido destruida para evitar el rastreo de las operaciones investigadas.
Tres de los acusados admitieron su participación en los hechos y alcanzaron acuerdos de juicio abreviado con la Fiscalía. Esos convenios ya fueron homologados por la Justicia y no formarán parte del debate oral que comenzará esta semana.
Respecto de M. D. Y., actualmente cumple una condena firme de siete años de prisión en otra causa por chantaje, uso de documento falso y estafa procesal. Durante la investigación declaró como imputado colaborador, aunque la Fiscalía indicó que sus dichos no aportaron elementos relevantes ni pudieron ser corroborados.
El debate oral permitirá analizar la prueba reunida durante la investigación y determinar la eventual responsabilidad penal de cada acusado. La causa también incluye presuntas maniobras de lavado de activos destinadas a otorgar apariencia legal a fondos que, según la acusación, provenían de actividades ilícitas.
