El Gobierno de Jujuy anunció la prórroga durante el mes de septiembre del plan de reestructuración de deudas destinado a empleados públicos provinciales y municipales que cobran mediante el Banco Macro. La medida, impulsada por la administración del gobernador Carlos Sadir, aplica una reducción de entre el 6% y el 7% en las tasas de interés para intentar atenuar el peso de las cuotas sobre las liquidaciones de sueldo.
Sin embargo, la necesidad de aplicar dos extensiones consecutivas a un programa originado en julio expone un problema de fondo: la creciente dependencia del crédito que enfrentan los trabajadores estatales para cubrir sus gastos corrientes. Más que un alivio financiero extraordinario, la prórroga opera como una medida paliativa orientada a frenar el avance de la mora en un contexto de persistente pérdida del poder adquisitivo.

Jujuy se posiciona así entre las doce jurisdicciones del país que han debido implementar mecanismos de contención financiera para su propia plantilla pública. Aunque el discurso oficial enmarca el anuncio en la búsqueda de previsibilidad para los hogares, el recurso recurrente a la refinanciamiento evidencia la insuficiencia de los incrementos salariales para hacer frente a la canasta familiar, convirtiendo al endeudamiento bancario en un mecanismo involuntario para sostener los ingresos.