La sentencia fue homologada por la jueza penal Felicia Barrios, en el marco de un acuerdo alcanzado entre las partes y con la anuencia de la familia de la víctima. En el proceso intervinieron la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, María Emilia Curtem Haquim; la defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Mariela Meyer; y la defensora del acusado, Adriana Fernández, del Ministerio Público de la Defensa.
La magistrada también dispuso el sobreseimiento del imputado en relación al delito de corrupción de menores, pero dejó en claro que la condena por abuso sexual deberá cumplirse de manera efectiva en prisión.
El acusado, quien padece una discapacidad intelectual moderada, había permanecido bajo prisión preventiva domiciliaria durante el proceso. Sin embargo, la fiscal Curtem Haquim solicitó la revocación de ese beneficio luego de que el condenado abandonara su domicilio y se presentara en la Defensoría Penal. Después de ser detenido, se ordenó que comience a cumplir la condena en forma inmediata.
La jueza estableció además la prohibición absoluta de contacto con la víctima, ya sea personal, por terceros o mediante cualquier medio de comunicación, durante el tiempo que dure la condena.
Una vez firme la sentencia, se autorizó la obtención del perfil genético del condenado para incorporarlo al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.
Los hechos por los que fue condenado ocurrieron entre septiembre de 2020 y septiembre de 2022, en el domicilio familiar, cuando la menor tenía apenas 4 años.
