La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar N.º 2, a cargo del fiscal Juan Carlos Baiud, quien también actuó ante el Tribunal durante el juicio, con la participación del fiscal regional José Blanco.
El Tribunal estuvo integrado por la presidenta de trámite, Pamela de las Cruces, y los vocales Claudia Moreno y Leonardo Zazzali. La querella fue representada por la Silvana Fernández, del Centro de Asistencia a la Víctima del MPA.
Durante el debate, el Ministerio Público de la Acusación sostuvo la acusación contra el imputado, respaldada por el cúmulo de elementos probatorios incorporados durante la investigación y producidos en el marco del proceso judicial.
El Tribunal en lo Criminal hizo lugar a la acusación sostenida por la Fiscalía y condenó al acusado a 10 años de prisión, al considerarlo autor penalmente responsable de los delitos endilgados por el Ministerio Público de la Acusación.
Si bien la sentencia impuso una pena de 10 años de prisión, el condenado no será trasladado por el momento a una unidad penitenciaria debido a que la resolución aún no se encuentra firme.
En consecuencia, continuará cumpliendo prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria hasta tanto la sentencia adquiera firmeza. Esta medida fue dispuesta oportunamente durante el proceso por el juez Juan Cabezas Hametti.
El caso
La investigación determinó que el condenado abusó sexualmente de la hija de su pareja, con quien convivió durante aproximadamente 13 años. Los hechos de abuso sexual gravemente ultrajante ocurrieron cuando la menor tenía entre 12 y 14 años, en el domicilio que compartían con su madre.
En el marco de la misma investigación también se determinó la responsabilidad de la madre de la menor, quien había sido imputada por encubrimiento y como coautora del delito de desobediencia judicial, debido a que permitió que el acusado permaneciera en el domicilio pese a una medida de exclusión dispuesta judicialmente.
La medida había sido ordenada durante el avance de la investigación para impedir que el acusado permaneciera en contacto con la menor. Sin embargo, posteriormente, durante la entrevista en Cámara Gesell, la niña develó que el hombre continuaba dentro de la vivienda, pese a la orden judicial. De acuerdo con lo establecido en la investigación, permaneció allí durante aproximadamente siete días, incumpliendo la disposición judicial.
Por estos hechos, la madre fue condenada previamente mediante un juicio abreviado a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional.
A partir de la situación detectada, intervino la Oficina de Protección de Derechos (OPD), que dispuso medidas de resguardo para las menores.
La intervención de la Fiscalía permitió abordar de manera integral los hechos investigados y sostener la acusación durante las distintas etapas del proceso, hasta la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal.
