Ante esta situación ADEPA y FOPEA, entidades que nuclea a periodistas de todo el país, manifestaron su "preocupación y rechazo" ante lo que está ocurriendo en Argentina y calificaron la situación como de una "gravedad institucional".
En ese marco, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas manifestó que “La preocupación de ADEPA no radica en la existencia de una oficina de comunicación, sino en la dinámica acusatoria y estigmatizante que se pretende asignarle”.
“Combatir la desinformación es un objetivo legítimo y necesario en toda sociedad democrática. Pero el Estado, en todo caso, es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública”, consideró la organización.
Según expresó la entidad periodística, “el mejor antídoto contra la desinformación no es la ‘verdad oficial’, sino un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes, responsables ante sus audiencias y ante la ley, conforme a los estándares internacionales de libertad de expresión”.
Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtió sobre “la gravedad institucional que implica montar desde el Estado un `tribunal de la verdad`” y remarcó que "resulta alarmante que esta iniciativa haya sido difundida desde la cuenta oficial de Prensa de la Presidencia".
"El Artículo 1 de nuestro Código de Ética reafirma que el compromiso primordial del periodista es la búsqueda de la verdad, a partir de una tarea profesional basada en el rigor periodístico, el chequeo de la información, la multiplicidad de fuentes y la honestidad intelectual; jamás como la imposición de un dogma", precisó la entidad.
Agregando que con la creación de esta oficina "se está utilizando una estructura oficial -y por ende, recursos públicos sostenidos por todos los ciudadanos- para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodística crítica”.
Por último señalaron que "el argumento sigue siendo el mismo: el Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, no de auditar el discurso público ni de hostigar a quienes ejercen el oficio de informar".