El relevamiento, que analizó el debate entre el 1 y el 9 de abril, registró 41.972 menciones generadas por más de 23.900 usuarios, con un alcance estimado de 16,2 millones de personas en redes sociales.
En ese marco, el dato central es la brecha entre el resultado político y el clima social: mientras el oficialismo logró aprobar la norma, no consiguió instalar una narrativa favorable en el ecosistema digital.
Una conversación dominada por el rechazo
El informe señala que el 67,5% de las publicaciones tuvo un tono negativo, frente a un 31,4% positivo y apenas un 1,1% neutral.
Las críticas se concentraron principalmente en el eje ambiental, que explicó el 56,5% de la negatividad, con menciones vinculadas al posible daño sobre glaciares, el agua y el equilibrio ecológico.
En segundo lugar, apareció la categoría “traición”, con el 22,8% de las menciones negativas, que apuntó directamente contra dirigentes políticos y gobernadores que acompañaron la aprobación.
También se registraron cuestionamientos por “inconstitucionalidad” (10,7%) y por “entrega de recursos” (10%), lo que amplió el espectro de críticas más allá del aspecto ambiental.
El oficialismo, en posición reactiva
Según el análisis, el oficialismo quedó relegado en la construcción del sentido de la conversación. Solo el 14% de las menciones se alineó con su discurso, frente al 38% que estuvo dominado por la oposición y sectores ambientalistas.
El eje productivo, vinculado a la minería y al desarrollo económico, tuvo apenas un 8% de presencia, lo que evidencia dificultades para instalar ese argumento como central en el debate público.
En contraste, los mensajes positivos se apoyaron en conceptos como desarrollo y empleo (32,2%), federalismo (28,5%) e injerencia externa (29,6%), aunque sin lograr revertir el predominio crítico.
Greenpeace y la amplificación del conflicto
El informe destaca el rol de organizaciones ambientales en la amplificación del debate. Greenpeace, por ejemplo, concentró más de 6.000 menciones, equivalentes al 14% de la conversación total.
Estas publicaciones generaron más de 72.000 interacciones y un alcance cercano a 3,9 millones de usuarios, posicionando a la organización como uno de los actores más influyentes en la discusión digital.
Del Congreso a la calle y la Justicia
El análisis advierte que la discusión no se cerró con la votación parlamentaria, sino que se trasladará a otros ámbitos. Entre ellos, la judicialización de la norma y el territorio de las provincias.
Además, se detecta un aumento en la vigilancia ciudadana sobre la actividad minera, con una participación creciente de audiencias que antes no intervenían activamente en estos temas.
“La ley actuó como un catalizador”, sostiene el informe, al señalar que el debate amplificó la atención pública y consolidó un escenario de mayor exposición para gobiernos y empresas.
Con una victoria legislativa asegurada pero una opinión pública mayoritariamente crítica, el desafío para el Gobierno y las provincias será sostener la implementación de la norma en un contexto de alta conflictividad social y monitoreo permanente.