Durante un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, los expositores cuestionaron la propuesta de volver a los dos años de duración de los contratos con indexación cuatrimestral de los precios y que no se establezcan indicadores fijos para los ajustes.
   
Consideran que no se puede dejar librados los aumentos al acuerdo entre las partes, dado que ellos no tienen capacidad para exigir condiciones y en los hechos, ante la laxitud de la normativa, terminarán sometidos a los términos que impongan los propietarios.
   
A su vez, denunciaron abusos de inmobiliarias y ausencia de control al cumplimiento de la ley 27.551, la cual está vigente desde junio del 2020 y no tuvo los resultados esperados producto de la disparada de la inflación. 
   
El Frente de Todos impulsa una reforma que mantiene los tres años de duración de los contratos con indexación semestral de los precios de los alquileres, conforme indicadores fijos.
   
Las exposiciones
   
El primero en disertar fue el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, quien apuntó los cañones contra las inmobiliarias por la falta de cumplimiento de la ley de Alquileres.
   
"Quien decide quién puede alquilar y quién no es la inmobiliaria. No hay una ventana del Estado a dónde ir a reclamar", fustigó, y criticó al ministro de Hábitat, Santiago Maggiotti, por no asistir al Congreso para dar su punto de vista sobre la problemática, que es de incumbencia de la cartera que conduce.
   
"El problema lo tienen las inmobiliarias que quieren cobrar cada 24 meses. Tampoco nos creemos que el problema sea la actualización de los precios y el precio inicial que tampoco está regulado y te cobran lo que se les antoja", apuntó.
   
Según dijo, "las inmobiliarias se creen estar por encima y si la ley no les gusta no la cumplen".
   
"Sinceremos el debate y den señales claras. Mantengamos la ley actual y logremos que se cumpla, que el Estado esté por encima del mercado inmobiliario, garanticemos que 10 millones de inquilinos tengamos al Estado velando para que se cumpla esta ley", resaltó.
      
A su turno, Juan Arrizabalaga, representante de Inquilinos Tandil y concejal de Unión por la Patria en esa ciudad, calificó la media sanción de la ley como "una reforma pro mercado y pro rentista", agregando que, a su entender, "achicar el plazo de los contratos de tres a dos años va a generar más inestabilidad habitacional", en tanto que "pasar del ajuste anual a cuatrimestral" redundará en mayores costos inmobiliarios.
   
Por su parte, la representante del Centro de Estudios legales y Sociales (CELS) Luna Miguens remarcó que "no entiendo quién puede pensar que volver al contrato de dos años no perjudica a los inquilinos. No se puede volver atrás con ese avance".