Lo hizo, pese a la oposición manifestada por los abogados de la vicepresidenta, José Ubeira y Marcos Aldazábal, y dejando –en lo formal- abierta la posibilidad de seguir investigando otras eventuales implicancias y responsabilidades.
La jueza dio por “parcialmente clausurada” la investigación y mandó a juicio a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, los tres únicos detenidos que tiene la causa.
“Se han recibido formalmente los impulsos de las acusaciones pública y privada (esta última a través de un planteo subsidiario), para avanzar a la etapa de debate”, justificó la jueza la elevación del expediente a juicio.
Capuchetti rechazó los planteos de la vicepresidenta, quien consideró que la instrucción está incompleta y que no se han explorado varias líneas de investigación que conducen hacia otros potenciales imputados.
El rechazo fue explicado en que “las medidas o las hipótesis investigativas arrimadas por las partes han merecido el correspondiente tratamiento” y en ese escenario, “aun sustanciándose numerosas medidas, algunas de particular injerencia en la esfera privada de las personas (allanamientos, secuestros y requisas), no se han podido reunir elementos objetivos de contundencia que permitan superar el terreno de la mera conjetura respecto de las hipótesis que aquí de forma tan enfática se sostienen”.
La jueza dejó abierta, no obstante, la posibilidad de seguir investigando pero resaltó la necesidad de “superar la etapa de instrucción en torno a las personas que se encuentran detenidas, mientras que se continúa profundizando, en paralelo, en relación a las líneas de investigación pendientes (o aquellas que pudieran surgir a sugerencia de cualquiera de las partes, o de terceras personas)”.
Pero anticipó que ni ella, ni el fiscal Carlos Rívolo, encontraron hasta ahora nada que exceda la responsabilidad de los únicos tres detenidos.
