José Manuel Ubeira, uno de los abogados que representa a la vicepresidenta sostuvo este miércoles que la investigación apunta hacia “las terminales de extrema derecha del PRO” e insistió en que "no hubo voluntad" de actuar por parte de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a cargo del expediente.
"Ahora está claro que no son un grupo de loquitos sueltos o unos muchachos perdidos en la vida. Es un grupo de personas que creemos que responden a determinado tipo de intereses y queremos averiguar la verdad. Esto apunta hacia las terminales de la extrema derecha del PRO", señaló Ubeira en declaraciones a la radio AM 530.
En una audiencia ante la Sala 1 de la Cámara Federal Porteña, Ubeira buscará que se acepte el pedido de recusación para apartar a la jueza Capuchetti de la instrucción del caso.
Marcos Aldazabal otro de los abogados de la vicepresidenta apuntó a que se perdió la cadena de custodia del celular del tirador Fernando Sabag Montiel, cuyo equipo estuvo en el juzgado pero llegó con el sobre que lo contenía abierto a las instalaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y allí al querer abrirlo se detectó una restauración de fábrica que hizo imposible acceder a la información que contenía.
"Si hubiera voluntad investigativa estaríamos intentando encontrar si hubo un esquema de financiamiento en esta causa, pero la división de este proceso en dos causas (una es llevada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga a integrantes del grupo Revolución Federal y la otra es seguida por Capuchetti, quien hace lo propio con el atentado a la exmandataria) fue una división artificial que no tiene ni pies ni cabeza y resultó bancada por la cámara", remarcó Ubeira.
En tanto, el letrado señaló que los mensajes que el martes se conocieron y que fueron extraídos del teléfono celular del detenido y procesado Gabriel Carrizo, motivaron una nueva presentación de la querella de la exmandataria.
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En ese sentido, la representación legal de Cristina Fernández de Kirchner señaló en un escrito que el ataque del que fue objeto "no estaba destinado exclusivamente a matar a la Vicepresidenta" sino también a "desestabilizar el sistema político y constitucional en general".
"Hace aproximadamente un mes que están en la causa estos mensajes por una labor que realizan los organismos vinculados a las fiscalías. La investigación se durmió 30 días y cuando revisamos la causa de cara a esta recusación, nos encontramos con esta novedad. Claramente no había voluntad de investigarlo por parte de la jueza", apuntó Ubeira.
Tras conocer esta información, el abogado presentó un escrito pidiendo incorporar la figura de asociación ilícita al considerar que se encuentran "reunidos todos los requisitos del tipo".
"Nosotros somos muy renuentes a este tipo de calificaciones porque las reparten en Comodoro Py como caramelos en una Kermés. En este caso si se reúnen las condiciones para hacerlo porque estamos ante una organización fundamentalmente destinada a afectar la tranquilidad pública. Buscaban atentar contra el sistema democrático y cometer todo tipo de delitos indeterminados", aseguró.
En tanto, el abogado indicó que aunque aún no se conoce a "quién le mandaba los mensajes" Carrizo, pero advirtió que saberlo es "solo es cuestión de tiempo.
"Corresponde que los otros dos detenidos (Fernando André Sabag Montiel y Brenda Uliarte) sean indagados junto a Carrizo por asociación ilícita", puntualizó el letrado.