El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional al Congreso plantea un escenario de mayor ajuste para distintos sectores del sistema científico y educativo. Los organismos de investigación recibirían partidas que contemplan una inflación estimada del 18% para el próximo año, aunque el resultado dependerá de que esa proyección se cumpla.
Entre los organismos alcanzados se encuentran el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i).
De acuerdo con el análisis difundido sobre el proyecto, estos sectores todavía no habrían recuperado la pérdida de ingresos reales registrada desde diciembre de 2023. En ese período, la caída acumulada señalada es del 35%.
Recortes para INTA e INTI
El escenario planteado para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es diferente.
Para el INTA, el proyecto contempla una reducción nominal del 12,4% en sus partidas para 2027, mientras que para el INTI se prevé una disminución nominal del 5,2%.
Según el análisis, ambos organismos vienen atravesando desde 2024 un proceso de reducción de recursos y personal. La caída acumulada en términos reales sería superior al 43% en el INTA y cercana al 49% en el INTI.
Universidades nacionales: fondos y autonomía, en discusión
El proyecto presupuestario asigna $7,34 billones a las universidades nacionales, una cifra que se encuentra por debajo de los más de $11 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
A la diferencia entre los fondos previstos y los reclamados se suma una disposición incluida en el Capítulo II del proyecto que genera cuestionamientos en el ámbito universitario.
La iniciativa establece que las universidades deberán informar al Ministerio de Capital Humano la finalidad de sus gastos y contempla la posibilidad de que el Poder Ejecutivo interrumpa transferencias de fondos ante incumplimientos de esas condiciones.
Los rectores cuestionan esta disposición y advierten que podría afectar el principio de autonomía universitaria. Además, reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente y anticipan un escenario de conflicto en torno al tratamiento del presupuesto.
El proyecto comenzará ahora su recorrido legislativo, donde universidades, organismos científicos y distintos sectores vinculados a la educación y la investigación seguirán de cerca el debate sobre las partidas previstas para 2027.
