El denunciante pidió la detención inmediata de los tres funcionarios y que sean citados a declaración indagatoria. Su presentación se apoya en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que registró resultados negativos por $1.469.155 millones, equivalentes a unos US$1.023 millones, en operaciones con derivados financieros vinculados al oro durante 2025.
El planteo se enmarca en una investigación por presunta defraudación contra la Administración Pública y abuso de autoridad. Dalbón también solicitó que se analice una posible asociación ilícita, aunque la existencia de delitos y las responsabilidades individuales deberán determinarse en la Justicia.
Qué reveló la auditoría sobre el oro del BCRA
El informe sobre los estados contables del Banco Central al 31 de diciembre de 2025 fue aprobado por la AGN mediante la Resolución 205/2026.
Según el documento citado en la denuncia, las operaciones con opciones financieras vinculadas al oro dejaron un resultado negativo de $1.469.155 millones, con egresos de divisas. El monto incluyó $1.400.793 millones por resultados negativos de las opciones y otros $68.362 millones correspondientes a primas.
La auditoría también consignó una ganancia de $8.002.500 millones por diferencias de cotización en la tenencia de oro. Dalbón, sin embargo, cuestionó el costo de los instrumentos financieros utilizados y reclamó esclarecer si existió un perjuicio patrimonial efectivo para el Estado.
El abogado sostuvo que es necesario reconstruir cómo se diseñaron las operaciones, qué riesgos se asumieron y qué controles se aplicaron antes de autorizar las transacciones.
La estrategia financiera que quedó bajo la lupa
Uno de los puntos señalados en la presentación es la posible utilización de una estrategia conocida como collar, que combina opciones financieras para establecer límites a las variaciones de precio de un activo.
De acuerdo con la hipótesis mencionada por el denunciante, el esquema habría incluido la compra de una opción y la venta de otra. Sin embargo, Dalbón aclaró que esa descripción deberá verificarse con los contratos y la documentación original, ya que no surge directamente del informe de la AGN.
Por eso, pidió determinar qué instrumentos se contrataron, cuáles fueron sus condiciones, quiénes actuaron como contrapartes y qué pagos se realizaron.
La presentación también reclama esclarecer el destino y la localización de las reservas físicas de oro, así como establecer si hubo vínculos entre los movimientos de lingotes al exterior y las operaciones financieras posteriores.
Por qué pidió detener a los funcionarios
Dalbón argumentó que la permanencia de los denunciados en sus cargos podría representar un riesgo para la investigación, porque parte de la documentación relevante está en organismos que conducen o integran.
En ese sentido, solicitó preservar contratos, actas del directorio, informes técnicos, registros de liquidación y comunicaciones entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. También pidió una pericia contable para establecer el resultado económico de las operaciones y determinar si existió daño patrimonial.
Como alternativa a las detenciones, reclamó medidas cautelares, entre ellas restricciones para salir del país, limitaciones de acceso a documentación y prohibiciones de contacto con posibles testigos.
La denuncia apunta a establecer qué decisiones tomó cada funcionario, qué controles existieron y si las operaciones respetaron las normas que regulan la administración de las reservas.
El eje de la causa será determinar cómo se realizaron las operaciones con el oro, quiénes las autorizaron y si el resultado financiero implicó un perjuicio efectivo para el Estado. Los pedidos de detención e indagatoria forman parte de la presentación del abogado y no implican, por sí mismos, que exista una condena o que los funcionarios hayan sido declarados responsables.
