El Gobierno de Javier Milei se prepara para profundizar la disputa diplomática y jurídica con el Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas. Este lunes vencerá el plazo de dos semanas que la Argentina concedió a Londres para detener las actividades vinculadas con el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
Ante la falta de una respuesta que satisfaga su reclamo, la administración nacional busca avanzar con una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con el objetivo de obtener medidas provisionales que impidan el desarrollo del emprendimiento antes del inicio de la extracción de petróleo, previsto para 2028.
La estrategia fue anunciada el 28 de septiembre por la Oficina del Presidente y quedó bajo la responsabilidad del canciller Pablo Quirno y los equipos jurídicos de la Cancillería. El Gobierno argentino notificó al Reino Unido el inicio de un arbitraje internacional y advirtió que recurriría a una instancia judicial si no se interrumpían las actividades hidrocarburíferas.
A través de su cuenta de X, Milei sostuvo que había instruido a la Cancillería para iniciar acciones internacionales contra lo que calificó como el “saqueo ilegal” de los recursos argentinos mediante el proyecto Sea Lion.
Sin embargo, el vencimiento del ultimátum no implica una intervención automática del Tribunal. La Argentina deberá presentar formalmente su solicitud, fundamentar la urgencia del caso y demostrar que se cumplen los requisitos establecidos por el derecho internacional.
Qué puede resolver el Tribunal Internacional del Derecho del Mar
La estrategia argentina contempla dos vías complementarias. Por un lado, el arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que deberá abordar la controversia de fondo. Por otro, la solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania.
Este segundo procedimiento concentra las expectativas inmediatas del Gobierno, ya que permite solicitar una intervención urgente mientras se constituye el tribunal arbitral.
El artículo 290 de la CONVEMAR establece las condiciones para disponer medidas provisionales destinadas a preservar los derechos de las partes o evitar daños graves al medio marino. Antes de que se constituya el tribunal arbitral, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar puede intervenir si considera que el futuro órgano tendría competencia y que las circunstancias requieren una respuesta urgente.
Si los jueces aceptan el planteo argentino, podrían ordenar restricciones sobre determinadas actividades mientras continúa el proceso. Estas medidas son obligatorias para las partes, aunque posteriormente pueden ser modificadas o revocadas por el tribunal arbitral.
La presentación, no obstante, enfrenta un desafío jurídico: el Tribunal no tiene competencia general para resolver a qué país pertenecen las Islas Malvinas. Por eso, la Argentina deberá fundamentar su reclamo en las obligaciones y los derechos marítimos contemplados en la Convención, sin pedir que esa instancia defina directamente la soberanía territorial.
Sea Lion: inversiones millonarias y producción prevista para 2028
El proyecto Sea Lion dejó atrás la etapa inicial de exploración y cuenta con inversiones comprometidas para avanzar hacia la producción comercial de petróleo.
El yacimiento se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y es desarrollado por Navitas Petroleum, que controla el 65% de la participación, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido, que posee el 35% restante.
La primera etapa contempla once pozos submarinos y la instalación de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de petróleo. La capacidad prevista ronda los 55.000 barriles diarios, según los planes informados por las compañías.
A fines de 2025, las empresas tomaron la decisión final de inversión para la primera fase del emprendimiento. Desde entonces, avanzaron con nuevas operaciones financieras y preparativos para ampliar el desarrollo.
El 7 de octubre, Rockhopper informó que acordó invertir 44 millones de dólares para adquirir su participación proporcional en la sociedad propietaria de la unidad flotante OSX-1. La operación forma parte de los preparativos para desarrollar otra zona del proyecto. En septiembre, la compañía también había comunicado la obtención de 200 millones de dólares mediante mecanismos de ampliación de capital para financiar inversiones vinculadas con Sea Lion.
Mientras tanto, las medidas impulsadas por la Argentina tuvieron repercusiones en las empresas involucradas. Según informó la Oficina del Presidente, Halliburton ratificó que ninguna de sus filiales prestaría servicios al proyecto. Por su parte, Navitas reconoció que las actuaciones argentinas afectaban determinadas contrataciones y que buscaba reemplazar a dos contratistas que no habrían cumplido sus compromisos.
Pese a esas dificultades, la empresa israelí sostuvo que continuaba con el desarrollo y que, con la información disponible, no esperaba un efecto material adverso sobre el proyecto.
Los antecedentes internacionales que analiza la Argentina
Uno de los antecedentes que el Gobierno considera relevante es el caso de la Fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012 por una demanda de acreedores de la deuda argentina.
Durante la presidencia de Cristina Kirchner, el país recurrió al mecanismo de arbitraje de la CONVEMAR y solicitó medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El 15 de diciembre de ese año, el organismo ordenó la liberación inmediata y sin condiciones del buque.
Entre la presentación argentina y la resolución transcurrió aproximadamente un mes.
Sin embargo, ambos casos presentan diferencias importantes. Mientras que en 2012 se discutía la inmunidad de un buque de guerra, la controversia actual involucra la explotación de hidrocarburos en un área vinculada con una disputa de soberanía y derechos marítimos.
Otro antecedente es el litigio entre Costa de Marfil y Ghana por la delimitación de sus espacios marítimos. Durante ese proceso, Costa de Marfil solicitó que se suspendieran las actividades petroleras en el área disputada. La jurisdicción internacional no aceptó íntegramente el pedido, pero dispuso restricciones sobre nuevas perforaciones y otras medidas para preservar los derechos de las partes.
Estos precedentes muestran que los tribunales internacionales pueden establecer limitaciones a determinadas actividades mientras se resuelve una controversia, aunque el alcance de las medidas depende de las circunstancias y los fundamentos jurídicos de cada caso.
Los argumentos argentinos sobre la soberanía y los recursos naturales
La Cancillería buscará respaldar su presentación en los antecedentes de las Naciones Unidas sobre la disputa de soberanía, las disposiciones de la CONVEMAR y la obligación de evitar acciones unilaterales que puedan agravar el conflicto.
La Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1965, reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas e instó a ambos países a encontrar una solución mediante negociaciones.
Posteriormente, la Resolución 31/49, aprobada en 1976, exhortó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que implicaran modificaciones de la situación mientras continuara pendiente el proceso de negociación recomendado por la Asamblea General.
El Gobierno argentino sostiene que el avance de Sea Lion contradice ese principio y vulnera sus derechos sobre los recursos naturales del área.
Además, la presentación podría apoyarse en las disposiciones de la CONVEMAR relacionadas con la protección del medio marino y las actividades en espacios marítimos disputados. En particular, el artículo 83.3 establece obligaciones para los Estados que mantienen controversias sobre la delimitación de plataformas continentales.
No obstante, la aplicación de esa disposición al caso Malvinas puede ser objeto de discusión, ya que se refiere específicamente a controversias de delimitación marítima y no resuelve por sí misma los conflictos de soberanía territorial.
En consecuencia, el Reino Unido podría cuestionar la competencia del Tribunal si considera que el reclamo argentino requiere definir previamente la soberanía sobre las islas.
Qué puede pasar después del lunes
El vencimiento del plazo diplomático marcará una nueva etapa en la estrategia del Gobierno de Milei, aunque todavía no hay una fecha confirmada para la presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Si la solicitud se formaliza durante octubre, una primera resolución podría conocerse en noviembre, de acuerdo con los plazos de algunos antecedentes internacionales. Sin embargo, no existe un término automático que garantice una decisión en esa fecha.
Los jueces deberán determinar si el tribunal arbitral tendría competencia sobre la controversia y si existen razones suficientes para adoptar medidas urgentes.
La resolución podría ordenar restricciones sobre determinadas actividades, establecer medidas para proteger los derechos en discusión o rechazar el pedido argentino. En cualquier caso, una decisión provisional no resolvería definitivamente la soberanía de las Islas Malvinas.
El arbitraje de fondo podría extenderse durante años, mientras las empresas involucradas continúan con sus preparativos para iniciar la producción petrolera en 2028.
De esta manera, la prioridad del Gobierno argentino es conseguir una decisión internacional que permita frenar o limitar el avance de Sea Lion antes de que comience la extracción de crudo, en una disputa que combina intereses económicos, recursos estratégicos y el histórico reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
