La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1358/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. La normativa habilita la incorporación de nuevos tramos de la red vial al régimen de concesiones previsto en la Ley 17.520.
El cambio permitirá que empresas privadas asuman tareas de construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los caminos, con el cobro de peajes como parte del esquema de financiamiento.
Qué rutas de Jujuy están incluidas
En territorio jujeño, el decreto identifica dos corredores nacionales que podrán formar parte de futuras concesiones.
La Ruta Nacional 9 está incluida en su recorrido por Jujuy, Santiago del Estero y Córdoba, además de otros sectores del trazado nacional. Se trata de una vía fundamental para la circulación hacia la región norte y la conexión con distintos puntos de la provincia.
También figura la Ruta Nacional 34, que atraviesa Jujuy y Salta y constituye uno de los principales corredores para el transporte de pasajeros, la producción y la actividad comercial del NOA.
Es importante aclarar que la Ruta Nacional 50, también mencionada en el listado, corresponde a la provincia de Salta y no atraviesa territorio jujeño.
El decreto establece que no necesariamente se concesionarán las rutas completas. Los sectores específicos deberán definirse mediante estudios técnicos y no podrán superponerse con tramos que ya tengan concesiones vigentes.
Economía tendrá un año para avanzar con las licitaciones
El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, será el organismo encargado de organizar los nuevos corredores, elaborar los pliegos y convocar a licitaciones públicas nacionales e internacionales.
La Dirección Nacional de Vialidad deberá intervenir previamente con los informes técnicos correspondientes y, posteriormente, tendrá a su cargo la supervisión y el control de los contratos.
El plazo establecido para realizar los llamados a licitación es de 12 meses desde la entrada en vigencia del decreto, que comenzó a regir el 14 de noviembre de 2026.
Las empresas adjudicatarias podrán desarrollar obras de infraestructura, explotar los corredores y realizar actividades complementarias que les permitan obtener ingresos adicionales al cobro de peajes.
El argumento oficial y el impacto en los usuarios
Desde el Gobierno nacional sostienen que la participación privada permitirá financiar obras, mejorar el mantenimiento de las rutas, reforzar la seguridad vial y reducir los costos logísticos, sin comprometer recursos del Estado.
El programa se apoya en las facultades otorgadas por la Ley Bases, que amplió las posibilidades de concesión de infraestructura pública y declaró sujeta a privatización a Corredores Viales S.A.
Sin embargo, para los usuarios aparece una preocupación concreta: el posible impacto económico de los peajes sobre quienes utilizan diariamente estos corredores para trabajar, trasladar mercadería o conectar distintas localidades.
En Jujuy, la inclusión de las rutas 9 y 34 vuelve a poner en discusión el futuro de la infraestructura vial nacional y el costo de circular por caminos esenciales para la economía y la conectividad provincial. Por ahora, resta conocer qué tramos serán concesionados, qué obras deberán ejecutar las empresas y cuáles serán las tarifas para los usuarios.
