El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que busca incentivar el ingreso al circuito financiero formal de los dólares que los contribuyentes mantienen fuera del sistema.
La propuesta fue aprobada con 44 votos a favor y 23 en contra, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y bloques provinciales. La sanción representa un avance legislativo para el oficialismo, que debió negociar con sus aliados e incorporar el debate sobre el proyecto de biocombustibles.
Los principales cambios de la reforma
Uno de los ejes centrales de la nueva ley es la eliminación de las restricciones para ingresar al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. La normativa anterior establecía un límite patrimonial de hasta $10.000 millones para acceder a este mecanismo.
A su vez, la reforma establece que legisladores, jueces, ministros del Poder Ejecutivo y el Presidente de la Nación no podrán acceder a los beneficios del sistema simplificado de Ganancias.
La prohibición también alcanza a funcionarios públicos y a quienes hayan ocupado cargos durante los cinco años anteriores, según lo establecido en el proyecto aprobado.
Otro de los cambios está relacionado con el concepto de discrepancia significativa, que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.
De acuerdo con la iniciativa, se considerará significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.
El debate entre oficialismo y oposición
Durante el tratamiento legislativo, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la reforma y sostuvo que la falta de confianza en el Estado llevó a los ciudadanos a retirar sus ahorros del circuito financiero formal.
«El enemigo de los ahorristas ha sido el Estado, que expropió de distintas formas ese dinero: hiperinflación, inflación, cepo, con todo tipo de mecanismos», afirmó la senadora.
Bullrich también destacó las restricciones incorporadas para los funcionarios públicos y señaló que estos no podrán utilizar los beneficios del mecanismo simplificado.
Desde el peronismo, el senador José Mayans cuestionó duramente el proyecto y lo calificó como «un desastre». Además, sostuvo que la iniciativa representa un beneficio para evasores y narcotraficantes, y formuló críticas dirigidas a distintos integrantes del Gobierno nacional.
Por su parte, el senador libertario Bruno Olivera Lucero defendió la propuesta y afirmó que el objetivo es recuperar la confianza de los contribuyentes.
«No vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida», expresó durante su intervención.
En tanto, el senador peronista Fernando Salino planteó la necesidad de ampliar las restricciones del régimen simplificado a las personas políticamente expuestas, al considerar que esta categoría es más amplia que la de funcionarios públicos contemplada en el proyecto.
La sesión en el Senado
La sesión comenzó a las 11:23, con un quórum estricto de 37 senadores, aportado por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales.
Al inicio del debate, senadores del peronismo presentaron cuestiones de privilegio para cuestionar al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por el destino del oro de las reservas. Las acusaciones fueron formuladas por Florencia López y Martín Soria, mientras que el libertario Agustín Monteverde defendió al funcionario.
Por otro lado, el senador radical Maximiliano Abad presentó una cuestión de privilegio dirigida al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, para solicitar la convocatoria a un nuevo Congreso Pedagógico Nacional, en el marco de las preocupaciones por el rendimiento educativo reflejado en las evaluaciones PISA.
Tras el tratamiento de las cuestiones de privilegio, la agenda del Senado contemplaba el análisis de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania y Juan Manuel Mejuto, además del proyecto de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.
