La propuesta ingresó al Congreso y abre uno de los debates más sensibles en materia de derechos individuales, salud y bioética. Según el texto, el objetivo es garantizar que las personas que atraviesen situaciones de sufrimiento extremo o enfermedades irreversibles puedan acceder a mecanismos legales para decidir sobre el final de su vida.
La iniciativa sostiene que toda persona que reúna determinados requisitos podrá solicitar asistencia médica para morir dignamente, siempre que la decisión sea libre, informada y voluntaria.
Qué contempla el proyecto
El texto distingue dos modalidades.
Por un lado, la eutanasia activa, que implica la intervención directa de un profesional de la salud para provocar la muerte del paciente.
Por otro, el suicidio asistido, mediante el cual el médico facilita los medios necesarios para que sea la propia persona quien lleve adelante el procedimiento.
Para acceder a cualquiera de estas opciones, el proyecto establece que el solicitante deberá tener capacidad legal para decidir, expresar su voluntad sin presiones externas y padecer una enfermedad grave e incurable o un sufrimiento físico o psíquico persistente que afecte significativamente su calidad de vida.
Requisitos y controles
La propuesta prevé una serie de pasos destinados a garantizar la transparencia y la seguridad jurídica del procedimiento.
La solicitud deberá realizarse por escrito e incluir el diagnóstico médico, la manifestación expresa de voluntad del paciente y la constancia de que recibió información completa sobre alternativas terapéuticas disponibles, incluyendo tratamientos y cuidados paliativos.
Además, se establece que la persona podrá revocar su decisión en cualquier momento del proceso.
En los casos de eutanasia, el médico responsable tendrá la obligación de verificar el cumplimiento de todos los requisitos antes de proceder, asegurando que la práctica se realice en condiciones que respeten la dignidad de la persona, tanto en una institución sanitaria como en el domicilio del paciente.
Directivas anticipadas y cambios al Código Penal
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la incorporación de las directivas anticipadas.
La iniciativa permite que cualquier persona deje asentada previamente su voluntad de acceder a la eutanasia o al suicidio asistido en caso de que, en el futuro, no pueda expresar su consentimiento por sí misma.
Además, el texto propone modificaciones al Código Penal para despenalizar estas prácticas cuando se desarrollen dentro del marco legal previsto y sin motivaciones económicas o intereses personales por parte de quienes intervengan.
También reconoce derechos y garantías para los pacientes, como la confidencialidad, el acceso a la información y el respeto de su autonomía.
Por su parte, los profesionales de la salud podrán ejercer la objeción de conciencia y abstenerse de participar, aunque deberán derivar al paciente para garantizar la continuidad del trámite.
Un debate que vuelve al Congreso
En los fundamentos de la iniciativa, Pichetto sostiene que la legislación vigente, incluida la Ley de Muerte Digna, no regula de manera específica la eutanasia ni el suicidio asistido, generando un vacío legal frente a determinadas situaciones médicas.
El legislador argumenta que la propuesta busca ampliar los derechos vinculados a la autonomía personal y la dignidad humana, tomando como referencia experiencias ya vigentes en distintos países del mundo.
De avanzar en el tratamiento parlamentario, el proyecto volverá a poner en discusión una temática que divide opiniones en los ámbitos político, médico, jurídico y religioso, y que abre interrogantes sobre los límites de la intervención del Estado en las decisiones sobre el final de la vida.