La propuesta busca modificar la Ley 5860 del Código Contravencional para incorporar nuevas figuras que permitan aplicar multas económicas y sanciones administrativas ante casos de amenazas de tiroteos, colocación de explosivos u otros hechos que alteren el normal dictado de clases.
Multas y responsabilidad parental
Según el texto, se incorporaría el artículo 92 bis, que establece sanciones para padres o responsables de menores que incurran en este tipo de conductas. Las multas podrían alcanzar hasta 100 unidades, destinadas a cubrir gastos operativos de organismos como la Policía, el SAME y el Ministerio de Educación.
En casos de reincidencia, el artículo 92 ter prevé sanciones más severas, con multas de hasta 200 unidades. Además, se incluye como conducta sancionable la tenencia de armas, réplicas o elementos de ataque en el ámbito escolar, incluso cuando no se utilicen.
Sanciones dentro del ámbito educativo
El proyecto también habilita al Ministerio de Educación a aplicar sanciones específicas a los alumnos involucrados. Entre ellas, la prohibición de participar en actividades organizadas por el Ente Autárquico Permanente (EAP), como la Fiesta Nacional de los Estudiantes, o la restricción de asistencia a eventos como la tradicional cena blanca.
Asimismo, se contempla el desarrollo de campañas de concientización por parte de la Secretaría de Comunicación para prevenir este tipo de situaciones y advertir sobre sus consecuencias.
Contexto: aumento de amenazas y alarma social
En los fundamentos, el autor del proyecto advierte sobre un incremento de amenazas en el país y la región. Se mencionan antecedentes recientes en la provincia de Santa Fe, así como registros en el conurbano bonaerense con más de 1.000 casos en una semana.
A nivel local, la problemática ya tiene impacto concreto: más de 30 estudiantes están involucrados en investigaciones por amenazas en distintas localidades de la provincia, y se analizan otros casos que aún se encuentran en proceso.
En uno de los episodios recientes en Libertador General San Martín, se activaron protocolos de seguridad tras una amenaza vinculada a desafíos virales, en un contexto donde se registraron más de 70 situaciones similares en escuelas.
“El fin último de estas acciones es generar pánico, suspender clases o viralizar mensajes sin dimensionar que se trata de conductas punibles”, sostiene el documento.
Un proyecto con foco preventivo y sancionatorio
La iniciativa pone el eje en la responsabilidad parental y en la necesidad de desalentar conductas que afectan a toda la comunidad educativa. También apunta a recuperar los costos que estos hechos generan en el sistema público.
El proyecto ya ingresó a la Legislatura y se encamina a su tratamiento en la próxima sesión, en un escenario donde las amenazas escolares se convirtieron en un problema recurrente, con impacto directo en la seguridad y el normal funcionamiento del sistema educativo.
De avanzar, la normativa incorporaría un esquema de sanciones económicas y disciplinarias con el objetivo de reducir la reiteración de estos episodios y fortalecer la prevención en las escuelas jujeñas.