En una sesión marcada por el debate sobre la deuda externa y el rol de los acreedores internacionales, el Senado de la Nación aprobó el proyecto que autoriza al Estado argentino a concretar un acuerdo de conciliación por 171 millones de dólares con dos fondos holdouts, conocidos popularmente como “fondos buitre”.
La iniciativa obtuvo 40 votos afirmativos y 22 negativos, y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados antes del próximo 30 de junio, fecha límite establecida en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y los acreedores en la Justicia de Estados Unidos.
El entendimiento contempla el pago de 67 millones de dólares a la firma Bainbridge Ltd. y otros 104 millones al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Según destacó el oficialismo, la negociación incluyó una reducción cercana al 30% de los montos originalmente reclamados.
Estos acreedores forman parte del reducido grupo de holdouts que no aceptaron los canjes de deuda realizados tras el default declarado por Argentina en 2001 y que mantuvieron litigios abiertos durante años en tribunales norteamericanos.
Uno de los principales argumentos esgrimidos por el Gobierno para impulsar la aprobación del proyecto es que permitirá poner fin a medidas judiciales que afectan activos estratégicos del país. Entre ellas, se encuentran embargos y órdenes de ejecución que alcanzan participaciones estatales en empresas como Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas.
Durante el debate, el miembro informante del oficialismo, Agustín Monteverde, sostuvo que el acuerdo representa una oportunidad para resolver los últimos conflictos pendientes derivados de la cesación de pagos de 2001.
“Attestor y Bainbridge se obligan a no iniciar nuevas acciones legales y a no interferir en futuras operaciones de financiamiento de la Argentina. Esto extingue los dos principales litigios pendientes”, afirmó.
El legislador consideró además que la medida contribuirá a la reinserción financiera internacional del país y permitirá mejorar las condiciones de acceso al crédito.
Desde la oposición, sin embargo, surgieron fuertes cuestionamientos. El senador Jorge Capitanich argumentó que este tipo de acuerdos terminan beneficiando a los fondos especulativos y advirtió que la documentación presentada no permite verificar adecuadamente los términos de la negociación.
Por su parte, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, ratificó el rechazo de su bancada y criticó la política económica del Gobierno, mientras que representantes del oficialismo defendieron la necesidad de otorgar seguridad jurídica y resolver definitivamente los litigios heredados.
En el cierre del debate, la senadora Patricia Bullrich calificó la iniciativa como una herramienta para “cerrar una herida de 25 años” y destacó que el acuerdo contempla beneficios adicionales, como la suspensión de nuevas demandas, el levantamiento de embargos y el compromiso de los acreedores de no obstaculizar futuras emisiones de deuda argentina.
El convenio establece además que los costos legales serán afrontados por los propios holdouts y prevé una cláusula de “standstill”, mediante la cual los acreedores se comprometen a no iniciar nuevas acciones judiciales mientras se completa la operación.
Con la media sanción obtenida en el Senado, el Gobierno de Javier Milei dio un paso clave para resolver uno de los últimos capítulos pendientes del extenso conflicto judicial derivado del default de 2001. Ahora, la definición quedará en manos de la Cámara de Diputados.