Desde la Oficina de la Presidencia se esgrimen razones fiscales para justificar estos vetos. Se afirma que "no hay plata", pero resulta evidente que esa afirmación no aplica cuando se trata de pagar intereses de deuda externa, financiar partidas secretas para organismos de inteligencia o sostener fondos de manejo discrecional. El doble discurso es claro: para los que más lo necesitan no hay recursos; para los poderosos, siempre hay disponibilidad.

Lo que se votó no era un gasto desmedido ni una amenaza al equilibrio fiscal. Al contrario: se trataba de un alivio mínimo para millones de personas. El costo fiscal de estas leyes representa apenas el 0,24% del PBI. Para ponerlo en perspectiva, es la mitad de lo que le costó al Estado perdonar el impuesto a los Bienes Personales a los sectores más ricos. ¿Dónde está, entonces, la coherencia económica? ¿Dónde está el sentido de justicia social?

Javier Milei vuelve a mostrar su verdadero rostro: el del desprecio por los sectores más vulnerables. Veta derechos, no privilegios. Ajusta sobre los jubilados, no sobre la “casta”. Aplica una supuesta revolución que se basa en recortes que castigan siempre a los mismos. No hay nada más alejado de una verdadera transformación que un modelo que profundiza la desigualdad y desprotege a quienes más asistencia necesitan.

Vetarle derechos a las personas con discapacidad y a los jubilados no es valentía. Es crueldad. Y es una decisión que no pasará desapercibida para quienes creemos en una Argentina que incluya, que respete y que cuide a todos sus ciudadanos, no solo a los poderosos.

Hoy más que nunca, debemos alzar la voz frente al avance de un modelo que se disfraza de eficiencia pero encarna insensibilidad. Porque cuando el Estado decide abandonar a los que menos tienen, no estamos ante un proyecto político: estamos frente a una traición a la dignidad humana.

*- Por Mario Pizarro
Escribano
Presidente de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical de Jujuy