Las actuaciones se inician cuando ingresan pedidos de prescripción sobre terrenos de titularidad provincial ante la Dirección de Inmuebles. En esos casos, se emiten notificaciones con el requerimiento de liberación y cese de ocupación. Desde el organismo aclararon que estas intimaciones no constituyen órdenes judiciales de desalojo, sino el ejercicio de la facultad del Estado como propietario para reivindicar sus derechos.
Los procedimientos se aplican de manera uniforme en distintas jurisdicciones, con registros recientes en Palpalá, San Antonio, localidades del ramal y en regiones de la Quebrada y la Puna. Además, se mantienen canales abiertos para avanzar en el ordenamiento territorial y garantizar que los procesos se desarrollen bajo el marco legal vigente.
Días atrás, el Fiscal de Estado y el Procurador del Tesoro mantuvieron una audiencia con familias notificadas para explicar la situación. En ese encuentro dejaron constancia de que, en caso de acreditarse la posesión, se dará continuidad al ordenamiento administrativo y las actuaciones serán remitidas al organismo correspondiente para iniciar el proceso de regularización. Las autoridades aseguraron que nadie será desalojado sin el debido procedimiento.
La Fiscalía reafirmó que estas medidas responden estrictamente al cumplimiento de sus deberes legales y que el objetivo principal es preservar los bienes públicos, garantizando que cualquier ocupación se realice conforme a la ley y al ordenamiento administrativo vigente.