Julio Quival, expresó su indignación y comentó que su familia “por cuatro generaciones han vivido ahí, en ese lugar, y hoy en día el Estado les dice como que no son dueños de esas tierras”. Señaló que sus padres y tíos recibieron notificaciones desde el lunes y martes, lo que generó preocupación y desvelo en las familias.

Quival recordó que el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional reconoce la preexistencia de los pueblos originarios al Estado. “Yo tengo 52 años, nací ahí, me crie, hice la primaria ahí. Mi padre, mi abuela, toda su vida vivieron en esas tierras”, afirmó.

Por su parte, Marta Chocobar, comunera de la comunidad Sipaki, explicó que su pueblo está compuesto por tres parajes: Ciénaga, Patacal y Quisquiri. Denunció que recibieron una segunda orden de desalojo con plazo de 15 días emitida por el Procurador de la provincia, de apellido Luna. “Nos duele que nos digan que ocupamos indebidamente, cuando la Constitución nos reconoce como preexistentes”, sostuvo.

Las comunidades entregaron notas al Procurador, al Gobernador, al Vicegobernador y a la Secretaría de Pueblos Indígenas solicitando que se frenen los desalojos. “Vivimos amenazados de una manera y otra, ya no podemos estar tranquilos ni en nuestras casas, ni en nuestras tierras, ni en nuestro territorio”, advirtió Chocobar.

Las familias afectadas, dedicadas principalmente a la agricultura en la Quebrada, remarcaron que no aceptarán trasladarse a otro lugar. “Nuestra identidad está en la Huachachocana, en la Ciénaga, donde habitaron nuestros ancestros. Nosotros somos antes que el Estado”, concluyó Chocobar.