Según la investigación, mujeres que trabajan en un comedor comunitario de la organización Tupaj Katari acusaron a Santillán de haberlas amenazado de muerte, además de protagonizar un episodio de extrema peligrosidad: habría colocado una granada de guerra activa dentro de un maletín en la cocina donde se encontraban trabajando, para luego encerrarlas dentro del predio.

La causa tomó mayor dimensión luego de un allanamiento judicial en un cuarto utilizado por Santillán dentro del mismo galpón. Allí, las fuerzas de seguridad secuestraron armas de fabricación casera, municiones de guerra, armas blancas y un plantín de marihuana, entre otros elementos considerados de interés para la investigación.

En la mañana de este miércoles, la fiscalía formalizó la imputación contra el detenido y solicitó al juez de control que dicte la prisión preventiva de Santillán, entendiendo la gravedad de los hechos y el posible riesgo procesal.

El caso continúa en desarrollo por el MPA y podría tener importantes repercusiones en el ámbito político y social de la provincia.