El nuevo esquema contempla modalidades como el trabajo en aplicaciones de intermediación, la oferta de servicios digitales en redes sociales o sitios web, el teletrabajo independiente, la creación de contenidos digitales y la exportación de servicios tecnológicos. Los trabajadores deberán inscribirse en el régimen simplificado, emitir factura electrónica y realizar aportes previsionales según su categoría, con compatibilidad para otras actividades económicas que no impliquen relación de dependencia.
Entre los derechos reconocidos se incluyen la autonomía horaria, la posibilidad de trabajar con múltiples clientes o plataformas, y el acceso a cobertura previsional y de salud. El proyecto también establece que las plataformas deberán garantizar transparencia en la asignación de tareas y condiciones de servicio.
La exdiputada libertaria fundamentó la propuesta en el avance de la digitalización y la inteligencia artificial, que generan nuevas formas de empleo sin un marco jurídico específico. Citó datos de la OIT y del INDEC para evidenciar el crecimiento del trabajo digital y la alta informalidad en el país. La iniciativa se inspira en experiencias internacionales como la Ley Rider en España, el régimen MEI en Brasil y la Ley 21.431 en Chile.
“El régimen constituye una herramienta moderna, federal y ética para garantizar derechos, promover la innovación y consolidar la economía digital en nuestro país”, expresó la diputada mendocina al presentar el proyecto.
Con información de: Parlamentario