Durante el encuentro, la Secretaría de Agricultura de la Nación defendió la derogación de la Resolución 99/94 al sostener que los controles sanitarios actuales, tanto en origen como los realizados por el SENASA, son suficientes para garantizar la seguridad de las importaciones. Sin embargo, esa explicación no logró convencer a las provincias ni a los productores.
El contrabando pasó al centro del debate
El secretario de Desarrollo Agropecuario de Salta, Diego Dorigato, explicó que uno de los principales planteos realizados ante las autoridades nacionales fue que la eliminación de la restricción también elimina una herramienta clave para detectar el ingreso ilegal de bananas provenientes de Bolivia y Paraguay.
"Desde la provincia y los productores se explicó el riesgo del nuevo hongo (fusarium) y del flagelo del contrabando de bananas de Bolivia y Paraguay. La medida permitía identificar rápidamente la banana extranjera", sostuvo el funcionario al término de la reunión.
Dorigato agregó que Salta y Jujuy solicitaron "articular mejor los controles y suspender la medida por 90 días" para coordinar un esquema de fiscalización que contemple tanto la fruta importada legalmente como aquella que ingresa por pasos fronterizos no habilitados.
Hasta ahora, la prohibición de ingreso de banana extranjera hacia las zonas productoras permitía detectar con mayor facilidad la mercadería ingresada de manera clandestina. Con la derogación de esa restricción, las provincias sostienen que distinguir entre fruta legal e ilegal será mucho más complejo.
La preocupación sanitaria sigue vigente
Más allá del debate comercial, el principal temor continúa siendo el ingreso del fusarium raza tropical 4, conocido como "mal de Panamá", considerado la mayor amenaza mundial para la producción bananera. Se trata de un hongo sin tratamiento conocido que puede permanecer en el suelo durante más de 30 años, inutilizando completamente las plantaciones afectadas.
A ello se suma la preocupación por la sigatoka negra, otra enfermedad que puede reducir hasta un 50% la producción. Tanto Jujuy como Salta permanecen libres de ambas plagas, aunque el reciente avance del fusarium en Perú y Ecuador incrementó las alertas sanitarias en la región.
Una decisión que sigue generando rechazo
La Resolución 114/26, publicada el 20 de julio por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, derogó ocho normas consideradas obsoletas, entre ellas la Resolución 99/94, que durante más de tres décadas restringió el ingreso de bananas provenientes de países con plagas cuarentenarias hacia las provincias productoras del NOA.
La medida fue cuestionada por los gobernadores Carlos Sadir y Gustavo Sáenz, quienes coincidieron en que no se trata de una protección comercial sino de resguardar una economía regional que genera empleo, inversiones y arraigo. El sector productivo también advirtió que la incertidumbre sanitaria podría frenar el crecimiento que la actividad venía mostrando en los últimos años.
Mientras tanto, el conflicto también llegó al Congreso. El diputado nacional Juan Fernando Brügge (Córdoba) presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo informe cuáles fueron los criterios técnicos utilizados para eliminar la barrera fitosanitaria.
Quiénes participaron de la reunión
El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, y contó con la participación del ministro de Producción y Minería de Salta, Ignacio Lupión; la secretaria de Desarrollo Productivo de Jujuy, María Emilia Deiana; la presidenta del SENASA, María Beatriz "Pilu" Giraudo; el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich; el secretario de Desarrollo Agropecuario de Salta, Diego Dorigato; el director general de Agricultura de Salta, Juan Garay; la directora de Protección Vegetal, María Guadalupe Juri Lindow; equipos técnicos nacionales y provinciales, y representantes del sector productivo, entre ellos José Luis Checa, presidente de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Salta y Jujuy.
Sin acuerdo entre las partes, la Nación mantiene su postura de avanzar con la desregulación, mientras que Jujuy, Salta y los productores insisten en suspender la medida para reforzar los controles y evitar consecuencias sanitarias, económicas y productivas para una de las principales economías regionales del norte argentino.
