El Gobierno argentino presentó una apelación contra la orden de la jueza Loretta Preska que lo obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado a los fondos beneficiarios del juicio por la expropiación de 2012. La presentación se formalizó el 9 de julio ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, en Nueva York.