La apelación fue realizada por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que representa a la Argentina, sin esperar la resolución de Preska sobre el pedido de suspensión del fallo (stay). Este recurso había sido solicitado días antes para frenar la ejecución mientras se revisa el caso.
“La teoría indica que Argentina debería haber esperado la decisión sobre el stay. No es ilegal apelar antes, pero podría haberse aguardado”, explicó el analista Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors.
El caso se originó en la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En 2023, tras ocho años de litigio, Preska falló contra el Estado argentino por mala praxis expropiatoria y lo condenó a pagar 16.000 millones de dólares, principalmente a Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio de empresas afectadas.
Mientras la causa sigue en el tribunal de Preska, Burford solicitó medidas para negociar con el Estado, entre ellas la entrega de acciones de la petrolera. El Gobierno teme que, si la jueza exige garantías para conceder el stay y Argentina no las presenta, podría ser declarada en desacato, lo que afectaría su credibilidad internacional en un contexto de apertura económica y búsqueda de inversiones.
Desde el oficialismo apuntan contra sectores que, según sostienen, operan en contra del país por intereses políticos y económicos. Señalan a exfuncionarios, estudios jurídicos, analistas y empresas vinculadas al negocio energético.
Además, el Gobierno solicitará nuevamente la intervención del Ejecutivo estadounidense, como ocurrió en 2023. En Casa Rosada aseguran que no habrá negociación y que la estrategia será exclusivamente judicial. “Vamos a agotar todas las instancias para defender los intereses de los argentinos”, afirman fuentes oficiales.
Fuente consultada: Infobae