En solo seis meses, más de 2.200 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad federales solicitaron su baja voluntaria, en lo que ya se configura como una de las crisis más graves del sistema de defensa y seguridad de los últimos años. El dato, lejos de ser aislado, es una expresión clara del malestar estructural que atraviesan estas instituciones bajo la actual gestión del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.

La diputada nacional por la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, presentó un pedido de acceso a la información pública dirigido al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en el que exige explicaciones concretas sobre las demoras y complicaciones generadas por la falta de provisión para las chapas patente.