La iniciativa busca fortalecer las gestiones ante el Gobierno nacional y advertir sobre las consecuencias que las nuevas disposiciones pueden tener en el trabajo, la circulación de mercaderías y los ingresos de numerosas familias quiaqueñas.
En paralelo, Velázquez llevó el conflicto a la Justicia. En representación de la Municipalidad de La Quiaca, presentó una acción de amparo contra la Resolución General 5910/2026 y solicitó una medida cautelar para suspender su aplicación.
La causa, caratulada Municipalidad de La Quiaca c/ ARCA s/ Amparo Ley 16.986, expediente FSA 19533/2026, fue asignada el 21 de octubre al Juzgado Federal de Jujuy Nº 1, Secretaría Civil Nº 1.
Velázquez busca ampliar el reclamo con el respaldo provincial
El apoyo de Sadir abre una nueva instancia institucional para el planteo que impulsa el intendente. Según pudo conocer La Voz de Jujuy "la formalización del pedido conjunto prevista para este viernes apunta a sumar la representación provincial a las gestiones municipales y al reclamo de los comerciantes".
El eje de la discusión es cómo compatibilizar los controles aduaneros con la realidad económica de La Quiaca, donde el intercambio fronterizo tiene incidencia directa en pequeños comercios, estibadores, transportistas y otros trabajadores.
La posición que promueve el municipio apunta a que las medidas nacionales contemplen las particularidades de las ciudades de frontera y eviten que las restricciones terminen perjudicando a quienes desarrollan actividades legítimas.
Qué establece la nueva resolución de ARCA
La Resolución General 5910/2026 entró en vigencia el 10 de octubre. La normativa establece un límite de 150 dólares diarios por poblador para el régimen de Tráfico Vecinal Fronterizo de Exportación.
Además, excluye del régimen al trigo, la soja y el maíz en todas sus formas, así como a las mercaderías acondicionadas en envases de diez kilogramos o más, o su equivalente en volumen.
ARCA fundamentó los cambios en la necesidad de reducir el fraccionamiento y la reiteración de operaciones, además de evitar desvíos hacia circuitos comerciales no autorizados.
Sin embargo, la aplicación de estas disposiciones abrió una discusión sobre sus efectos en las economías fronterizas. Desde La Quiaca advierten que una reducción de la actividad puede repercutir en toda la cadena comercial, desde quienes trasladan mercadería hasta los pequeños negocios que dependen del movimiento cotidiano.
El trabajo fronterizo, en el centro de la disputa
El planteo municipal sostiene que el impacto de las restricciones trasciende las operaciones aduaneras. En una ciudad donde buena parte de la actividad económica está vinculada al intercambio fronterizo, una caída del movimiento puede afectar los ingresos familiares, el consumo y las posibilidades de sostener emprendimientos.
Velázquez ya había planteado públicamente la necesidad de atender las particularidades económicas y territoriales de La Quiaca. En agosto de 2026, además, presentó ante la Presidencia del Senado la Nota Nº 251/2026, con advertencias sobre cuestiones vinculadas a la soberanía territorial y las autonomías provinciales y municipales.
Ahora, el reclamo suma dos vías de acción: la judicial, impulsada por el intendente, y la institucional, con el respaldo expresado por Sadir y el pedido conjunto que se formalizará este viernes.
La expectativa estará puesta en la respuesta del Gobierno nacional y en la posibilidad de encontrar una alternativa que permita sostener los controles aduaneros sin comprometer el trabajo y la actividad económica de La Quiaca.
