El Gobierno nacional fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por un grupo de organizaciones sindicales que cuestionó la reforma laboral impulsada por la administración del presidente Javier Milei. La presentación se realizó durante una audiencia desarrollada en Washington, en el marco del 196.º Período de Sesiones Ordinarias del organismo internacional.
La denuncia fue impulsada por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), con el acompañamiento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Asociación de Abogados Laboralistas y la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUT).
Durante la audiencia, los representantes sindicales sostuvieron que la reforma laboral representa "un retroceso de la legislación laboral al siglo XIX", al considerar que flexibiliza las condiciones de trabajo, restringe el derecho a huelga y debilita el rol de las organizaciones gremiales.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que la iniciativa "beneficia únicamente a los empresarios" y advirtió que promueve jornadas laborales más extensas y salarios más bajos. Además, sostuvo que la reforma implica un ataque al Estado de derecho, la Constitución Nacional y el sistema interamericano de derechos humanos.
Por su parte, la secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, aseguró que la desregulación de tarifas y el incremento del costo de vida provocaron una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, con un impacto particularmente fuerte sobre las mujeres. También cuestionó la incorporación del denominado "banco de horas", al considerar que diluye los límites entre la vida laboral y personal y afecta la organización de los cuidados familiares.
En la audiencia también expuso el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, quien denunció haber sido víctima de una persecución política, mediática, gremial y judicial por parte del Gobierno nacional. Además, sostuvo que distintas organizaciones sindicales fueron objeto de denuncias, sanciones y acciones judiciales en el marco de conflictos laborales.
La intervención de la CIDH
Tras escuchar los planteos de las organizaciones, los integrantes de la Comisión Interamericana formularon consultas a los representantes del Estado argentino sobre el contenido de la reforma y los mecanismos utilizados para su implementación.
Durante las exposiciones, los representantes sindicales solicitaron que la CIDH emita una comunicación dirigida al Estado argentino en la que manifieste su preocupación por la compatibilidad de la reforma laboral con los estándares internacionales de derechos humanos.
Asimismo, pidieron que el organismo considere incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos la derogación del Estatuto del Periodista Profesional y solicitaron que la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) realice una visita al país para evaluar el impacto de la reforma sobre los derechos de los trabajadores.
Hasta el momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no emitió una resolución sobre el planteo, aunque las consultas formuladas durante la audiencia marcaron el inicio del análisis del caso dentro del organismo.
