El Gobierno nacional se encamina a conseguir los votos necesarios para aprobar en general el próximo miércoles, en la Cámara de Diputados, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. Sin embargo, la iniciativa podría sufrir modificaciones importantes durante la votación en particular, especialmente por las objeciones que genera el capítulo 7 entre distintos bloques dialoguistas.
Durante una reunión realizada el jueves pasado en el Salón de Honor de Diputados, el oficialismo intentó reunir respaldo para avanzar con el proyecto. Mientras que el PRO y la UCR manifestaron su acompañamiento, otros espacios, como Provincias Unidas, Argentina Federal y la diputada radical Karina Banfi, reclamaron cambios profundos en el capítulo cuestionado.
Por ahora, el Gobierno solamente ofreció modificaciones menores, lo que mantiene abierta la posibilidad de que ese apartado sea rechazado durante la votación particular. Para su aprobación se necesitan 129 votos, una mayoría que el oficialismo todavía no tiene asegurada.
Ante este escenario, no se descarta que el Ejecutivo termine aceptando la eliminación del capítulo para garantizar el respaldo al núcleo central de la iniciativa, que contempla sanciones contra empresas petroleras que exploten recursos en el Atlántico Sur sin autorización argentina.
¿Qué plantea el capítulo que genera resistencia?
El capítulo 7 establece multas para extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales. También incorpora nuevas figuras penales vinculadas con la denominada injerencia extranjera.
Entre ellas, contempla penas de prisión para quienes faciliten operaciones militares o de inteligencia dirigidas por otros Estados y destinadas a afectar la seguridad nacional o la integridad territorial argentina. También incluye sanciones por entregar secretos a gobiernos o servicios de inteligencia extranjeros y colaborar con operaciones clandestinas.
El texto, además, prohíbe la organización y financiación de campañas de injerencia extranjera y de actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes.
Tras las críticas recibidas, el Gobierno aceptó excluir de cualquier persecución penal o económica determinadas actividades, como la diplomacia ejercida conforme al derecho internacional, la actividad periodística, la investigación académica, la expresión pública de opiniones por parte de Estados extranjeros y la representación abierta de intereses.
Los principales cambios en materia de seguridad y defensa
Más allá de las diferencias por el capítulo 7, el proyecto mantiene otros puntos que generan controversia. Uno de ellos es la ampliación de las facultades del Poder Ejecutivo para actuar ante situaciones consideradas amenazas externas.
La iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, además del titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica. También contempla la participación no permanente de autoridades del Congreso y gobernadores.
Entre sus atribuciones figura la posibilidad de disponer medidas urgentes ante amenazas externas graves, como bloquear temporalmente fondos y activos, restringir operaciones financieras, suspender autorizaciones y contrataciones o modificar temporalmente derechos aduaneros.
Otro de los aspectos más cuestionados es la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en operaciones no convencionales vinculadas con la seguridad interior. También se mantienen los protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques.
A pedido del diputado Eduardo Falcone (MID), el oficialismo incorporó una Comisión Bicameral de Seguimiento para controlar las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional. El Poder Ejecutivo deberá informar a ese organismo sobre las medidas adoptadas en un plazo máximo de 48 horas.
Sanciones por explotación ilegal de recursos en Malvinas
Uno de los ejes centrales de la iniciativa es endurecer las sanciones contra empresas que exploten recursos renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas sin autorización argentina.
El proyecto contempla penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas, socios y proveedores vinculados con esas operaciones. Sin embargo, quedaron excluidos los accionistas con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión con intervención indirecta.
También se modificaron las multas económicas previstas originalmente: pasaron de entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo a un rango de entre 2.000 y 40.000 barriles.
Una sesión con otros temas en agenda
La sesión del miércoles, prevista para las 12, también incluirá otros proyectos, entre ellos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, acuerdos para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires en materia de delitos de menores y contra la integridad sexual, y el Convenio de Libre Comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur, además de la enmienda al Protocolo de Montevideo.
Mientras el oficialismo busca garantizar la aprobación de la iniciativa, la oposición cuestiona la amplitud de conceptos como «amenaza externa» e «injerencia extranjera». Advierten que la falta de definiciones precisas podría otorgar facultades discrecionales al Poder Ejecutivo y afectar libertades civiles y políticas.
Así, el debate parlamentario no solo pondrá en discusión las herramientas para defender la soberanía argentina sobre Malvinas, sino también los límites de las atribuciones del Gobierno nacional en materia de seguridad, defensa e inteligencia.




