La cuarta Marcha Federal Universitaria tuvo su acto central en Plaza de Mayo, aunque también se replicó en ciudades como Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta, Jujuy, Mar del Plata y Corrientes. En el documento leído durante la concentración, las universidades pidieron a la Corte Suprema que “escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario”.
Álvarez insistió en que la norma viola principios presupuestarios básicos. “La ley de administración financiera dice que las leyes tienen que indicar dónde tienen origen los fondos; si vos no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto”, explicó. Además, cuestionó la masividad de la protesta: “De números no hablamos… Si no, votaríamos las leyes de acuerdo a quién hace la manifestación más grande”.
El funcionario también apuntó contra la participación de partidos opositores en la marcha. “La marcha no está cruzada por la política: es política y está organizada por partidos opositores”, afirmó en declaraciones radiales.
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En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional difundió un duro documento en el que calificó como “crítico” el financiamiento del sistema universitario. Señalaron que las transferencias a las universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implicó una reducción inédita de recursos.
El texto también denunció un deterioro alarmante en los salarios docentes. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación fue de 293,3%, mientras que los sueldos acumularon un incremento del 147,3%, lo que representa una pérdida de poder adquisitivo del 37,13%. “Los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas”, remarcaron.
Las universidades advirtieron que las becas estudiantiles, como las Progresar y las Manuel Belgrano, permanecen congeladas y en situación de desfinanciamiento, lo que expulsa estudiantes del sistema y profundiza desigualdades sociales. También alertaron sobre la suspensión de becas científicas y el deterioro de las obras sociales universitarias.
Finalmente, el documento acusó al Poder Ejecutivo de “desprecio institucional sin precedentes” por desconocer una ley sancionada y ratificada por el Congreso y desoír fallos judiciales que ordenan su cumplimiento. “La universidad pública argentina es un instrumento de justicia social que produce movilidad ascendente, el lugar que aloja la esperanza y hace posible los sueños de miles de jóvenes”, concluyeron.
Con información de: Ámbito