La movilización tuvo como epicentro la Ciudad de Buenos Aires, aunque se replicó en numerosas provincias argentinas. Las organizaciones convocantes denunciaron una situación “crítica” para el sistema universitario nacional y advirtieron sobre el impacto del recorte en salarios, infraestructura, becas y funcionamiento general de las casas de estudio.
Según datos difundidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026.
El reclamo que llegó a la Corte
Durante la lectura del documento central, las universidades apuntaron directamente contra el Poder Ejecutivo y sostuvieron que el Gobierno “incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”.
En uno de los tramos más fuertes del texto, las organizaciones afirmaron: “Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo el presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”.
Además, pidieron a la Corte Suprema que intervenga en el conflicto judicial abierto tras el per saltum presentado por el Ejecutivo nacional. “Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que escuche el clamor de las plazas de toda la república”, expresaron frente a miles de manifestantes.
Salarios en caída y crisis presupuestaria
Otro de los puntos centrales del reclamo fue el deterioro salarial de docentes y trabajadores universitarios. Las organizaciones señalaron que entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumuló un 293,30%, mientras que los salarios aumentaron un 147,30%.
Esa diferencia, remarcaron, provocó una pérdida del poder adquisitivo del 37,13%, ubicando los salarios universitarios “en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia”.
“Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes”, sostuvieron en el documento.
Las universidades también denunciaron el cierre de paritarias nacionales, el crecimiento del pluriempleo y las renuncias de profesionales formados, además de una crisis creciente en las obras sociales universitarias.
Becas congeladas y estudiantes afectados
El reclamo incluyó además el deterioro de las políticas de acompañamiento estudiantil. Las universidades advirtieron que programas como las Becas Progresar y las Becas Manuel Belgrano permanecen congelados frente a la inflación, perdiendo capacidad de asistencia para miles de estudiantes.
En paralelo, denunciaron la suspensión de las becas vinculadas a vocaciones científicas y alertaron que la situación “expulsa estudiantes del sistema universitario y profundiza las desigualdades sociales”.
El documento también cuestionó el estado de las partidas para gastos de funcionamiento. Según detallaron, durante la actual gestión nacional “no superaron el 64% del poder adquisitivo que tenían en enero de 2023”.
“La universidad pública se defiende”
Sobre el cierre de la jornada, las organizaciones universitarias remarcaron que el conflicto excede lo presupuestario y lo vincularon con el futuro del sistema público de educación superior en Argentina.
“La universidad pública argentina somos todas y todos”, expresaron en el texto leído en Plaza de Mayo, donde reivindicaron el rol de las universidades como herramienta de movilidad social, desarrollo científico y producción de conocimiento.
Mientras continúa la disputa judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, el conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario suma presión política y mantiene abierta una de las discusiones más sensibles del escenario educativo argentino.