La denuncia se apoya en información periodística y datos del Banco Central que comenzaron a difundirse desde el 31 de marzo, donde figuran nombres, montos y vínculos políticos de los beneficiarios.
Montos millonarios y vínculos políticos
Entre los casos mencionados aparecen funcionarios del Poder Ejecutivo, directivos de organismos financieros y legisladores nacionales.
Según los datos difundidos, el secretario de Finanzas Federico Furiase habría accedido a un crédito por $367 millones. También figuran directivos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y legisladores como Mariano Campero ($322 millones), Santiago Santurio ($340 millones), Lorena Villaverde ($340 millones) y Alejandro Bongiovanni ($340 millones).
A la lista se suma Sharif Menem, sobrino de Lule y Martín Menem y asesor de la Cámara de Diputados, con un préstamo de $357 millones.
Sospechas sobre la capacidad de pago
En su presentación, Frade advirtió que en varios casos los montos otorgados no guardarían relación con los ingresos declarados por los beneficiarios.
“La desproporción entre ingresos y monto de los créditos resulta la primera pista orientativa”, sostiene la denuncia.
Además, se señala que algunos préstamos habrían sido inicialmente rechazados en sucursales del interior y luego aprobados tras intervenciones de autoridades centrales del banco.
Investigación judicial en marcha
La legisladora solicitó que se investiguen posibles delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta.
También pidió acceder a los legajos crediticios completos, actas de directorio y realizar peritajes contables para determinar si existieron condiciones preferenciales.
Desde la Coalición Cívica remarcaron que el Banco Nación administra fondos públicos y depósitos de ahorristas, por lo que cualquier irregularidad podría impactar en la confianza del sistema financiero.
El foco en Jujuy
La polémica también alcanza a dirigentes jujeños. Según los datos difundidos, el diputado nacional Alfredo Gonzáles habría recibido dos créditos: uno de $75 millones en septiembre de 2025 y otro de $120 millones cuando ya era diputado electo, alcanzando en la actualidad mas de $190 millones.
En tanto, la senadora nacional Vilma Bedia accedió a un préstamo de $49 millones en el mismo banco.
En ambos casos, se indicó que no registraban antecedentes de movimientos económicos de esa magnitud previos a su incursión en la política.
Repercusiones locales
Desde sectores de la oposición en Jujuy anticiparon que realizarán pedidos de informes para conocer las condiciones en las que se otorgaron estos créditos.
Plantean dudas sobre la rapidez en la aprobación y el acceso a montos elevados, lo que consideran “llamativo” en comparación con los requisitos habituales para el resto de la población.
Además, cuestionaron la contradicción entre el discurso oficialista contra “la casta” y los beneficios obtenidos por dirigentes del espacio en la banca estatal.
Un escándalo en expansión
El caso se da en paralelo a la salida del exjefe de Gabinete de Capital Humano, Leandro Massaccesi, quien dejó su cargo tras conocerse que accedió a un crédito cercano a los $420 millones.
El exfuncionario aseguró que cumplió con todos los requisitos y negó irregularidades, aunque su renuncia fue interpretada como un intento de contener el impacto político.
La investigación recién comienza y podría escalar en las próximas semanas, con pedidos de informes, causas judiciales y un foco creciente sobre el uso de fondos públicos en el sistema financiero estatal.