Según la denuncia, desde el 31 de marzo comenzaron a difundirse listados con nombres y montos de préstamos concedidos a integrantes del Poder Ejecutivo, directivos del Banco Central, asesores, diputados nacionales y referentes de la militancia digital. Entre los beneficiarios mencionados figuran el secretario de Finanzas Federico Furiase, directivos del BICE, legisladores como Mariano Campero diputado nacional por Tucumán (solicitó un crédito de $322.000.000), Santiago Santurio diputado nacional por Buenos Aires ($340.000.000), Lorena Villaverde diputada nacional por Río Negro ($340.000.000) y Alejandro Bongiovanni ($340.000.000), además de Sharif Menem, asesor de la Cámara de Diputados ($357.000.000).

Frade advirtió que en varios casos los montos de los créditos no guardarían relación con la capacidad de repago de los solicitantes y que algunos préstamos habrían sido aprobados luego de rechazos previos en sucursales del interior, supuestamente destrabados por intervención de autoridades centrales. “La desproporción entre ingresos y monto de los créditos resulta la primera pista orientativa”, señala la denuncia.

La legisladora pidió que se investiguen posibles delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta. También solicitó los legajos crediticios completos de los beneficiarios, actas de directorio y peritajes contables para determinar si existieron condiciones preferenciales.

Frade remarcó que el Banco Nación administra fondos públicos y de ahorristas, por lo que estas prácticas, de confirmarse, podrían afectar su solvencia y la confianza en el sistema financiero estatal.