El diagnóstico surge de un informe elaborado por el Centro Universitario Nacional, donde también detallan un deterioro sostenido en las partidas destinadas al sostenimiento de las instituciones por lo que declararon "la emergencia salarial y presupuestaria del sistema universitario y científico nacional"
Según el documento, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 los salarios universitarios aumentaron un 158%, muy por debajo de la inflación acumulada en el mismo período, que alcanzó el 280%. Esta brecha provocó una pérdida del poder adquisitivo del orden del 32%.
El informe señala que la caída equivale a la pérdida de aproximadamente 7,3 salarios mensuales en poco más de dos años, tomando como referencia los ingresos de fines de 2023. Este desplome ubica a los ingresos del sector en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia.
Para revertir esta situación, los rectores estiman que sería necesaria una recomposición salarial del 47,3% respecto de los valores vigentes a febrero de 2026, con el objetivo de recuperar el poder de compra previo al cambio de gestión nacional.
De acuerdo al mismo informe, las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el funcionamiento cotidiano de las instituciones.
En esa línea, el poder adquisitivo de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento tampoco logró recuperarse en ningún momento del actual período de gobierno. Según los datos relevados, estas partidas no superaron el 64% de su valor real respecto de enero de 2023 y actualmente se ubican en torno al 40%. En términos acumulados, esto equivale a la pérdida de casi nueve meses completos de financiamiento.
El ajuste también impacta en áreas clave que sostienen la vida universitaria. Las partidas destinadas al fortalecimiento de la ciencia y la técnica registraron en 2025 un poder adquisitivo equivalente al 38,05% del nivel de 2023. En el caso de la extensión universitaria, el recorte es aún más drástico: apenas alcanzó el 1,02% del nivel previo.
Este escenario coincide con datos difundidos en un informe del CEPA, que reflejan el impacto concreto del ajuste en los ingresos de los trabajadores universitarios. Actualmente, la mayoría de los trabajadores del sistema percibe salarios por debajo de 1.300.000 pesos.
En el caso de los docentes con dedicación exclusiva, un profesor titular alcanza un básico bruto de poco más de 1,45 millones de pesos, mientras que un adjunto ronda los 1,13 millones y un jefe de trabajos prácticos no supera los 975 mil pesos. En las categorías más bajas, los ingresos descienden de manera considerable.
De acuerdo con el CEPA, los ingresos del personal representan en promedio el 86,9% del gasto universitario, por lo que cualquier reducción en este rubro tiene un impacto directo en la estructura del sistema. Entre 2023 y 2026, el recorte sobre salarios alcanzó el 43,2% en términos reales.
El conflicto se profundiza además por la falta de implementación plena de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795), que establece la recomposición de salarios docentes y no docentes en función de la inflación acumulada desde diciembre de 2023. De haberse aplicado esta normativa, los salarios habrían recuperado gran parte de la pérdida, ubicándose apenas un 1,3% por debajo de los niveles de fines de 2023.
Sin embargo, el esquema de recomposición propuesto por el Gobierno contempla aumentos escalonados que totalizan apenas un 12,3%, muy por debajo de lo necesario para revertir la caída del poder adquisitivo.
Frente a este panorama, los rectores emitieron un comunicado una vez finalizado el Plenario, donde declararon la emergencia salarial y presupuestaria, exigieron la aplicación de la Ley de Financiamiento y pidieron por la urgente convocatoria a paritaria nacional para garantizar el funcionamiento del sistema y la continuidad de actividades esenciales como la enseñanza, la investigación y la extensión.