La diputada nacional Marcela Pagano denunció penalmente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en el proceso de concesión del predio de Tecnópolis.
La presentación judicial, que tomó estado público este jueves, solicita investigar posibles delitos contra la administración pública vinculados a licitaciones de servicios de mensajería masiva y al manejo del predio estatal durante el período 2025–2026.
Según el escrito, una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios habría adjudicado a la empresa ATX S.A. un contrato superior a $3.650 millones para el envío de mensajes SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas.
En ese proceso, se advierten posibles vínculos societarios entre empresas participantes, como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L., lo que —de confirmarse— podría vulnerar los principios de transparencia y competencia en las contrataciones públicas.
Además, la denuncia señala variaciones de precios en licitaciones similares y la reiteración de firmas relacionadas en distintos procesos, lo que podría configurar una “simulación de competencia” en perjuicio del Estado.
Otro de los puntos centrales del planteo judicial es un presunto conflicto de interés en la concesión del predio de Tecnópolis, un proceso estimado en más de $183.300 millones, que se encuentra bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
En ese marco, se menciona la relación entre la consultora +Be —propiedad de Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni— y empresas como Grupo Foggia, vinculada a una de las firmas preseleccionadas junto a DirecTV Argentina.
También se detallan conexiones comerciales con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que, según la denuncia, podría constituir un entramado de relaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
De acuerdo con el documento, los hechos podrían encuadrarse en figuras como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Finalmente, Pagano solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de medidas de prueba para determinar eventuales responsabilidades tanto de funcionarios como de empresarios involucrados en el caso.