Luego de la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional puso el foco en otro eje central de su agenda legislativa: la nueva ley de financiamiento universitario. La iniciativa ingresó el jueves último a la Cámara baja y el oficialismo aspira a convertirla en ley durante la primera semana de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias.
El proyecto propone reformular la Ley 27.795 —que había sido respaldada por insistencia opositora— e introducir un esquema de actualización automática de los gastos de funcionamiento en caso de que la inflación supere el 14,3%, porcentaje utilizado como promedio anual en la elaboración del Presupuesto 2026.
El texto fue elaborado en despachos de Balcarce 50 y contó con la intervención de la Secretaría Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal Murphy, y de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, conducida por Alejandro Álvarez.
Álvarez, referente del espacio libertario Las Fuerzas del Cielo, participó en reuniones en la Casa Rosada previas a la presentación del proyecto en el Congreso y es considerado un dirigente de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo.
En el entorno del presidente Javier Milei reina el optimismo respecto de la aprobación del proyecto. En el oficialismo creen que contarán con el respaldo de bloques aliados para sancionar esta norma junto a otras iniciativas clave, como la reforma tributaria destinada a “ordenar el sistema de impuestos”.
Qué cambia el proyecto
El artículo 3° de la iniciativa —que sustituye el artículo 3° de la Ley 27.795— establece que los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales se ajustarán automáticamente si la inflación medida por el IPC-INDEC supera el 14,3%.
En ese caso, se actualizarán las partidas correspondientes a:
Actividad 14 (Funcionamiento)
Actividad 15 (Hospitales Universitarios)
Actividad 16 (Ciencia y Técnica en Universidades)
El objetivo, según el texto, es preservar el incremento real del presupuesto ante eventuales desfasajes inflacionarios.
Por su parte, el artículo 4° dispone un refuerzo específico para hospitales universitarios por $80.072.460.000 destinados a la actividad “Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios”, con el fin de garantizar el funcionamiento del sistema de salud universitario.
En materia salarial, el artículo 5° fija una recomposición correspondiente a 2025, que se abonará en 2026, para docentes y no docentes. Se establecen tres incrementos del 4,1% cada uno —en marzo, julio y septiembre— calculados sobre los salarios básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025, lo que implica una suba acumulada del 12,3%.
Además, el proyecto ordena al Poder Ejecutivo convocar a paritarias obligatorias dentro del mes de sancionada la ley, con una periodicidad no mayor a tres meses, incluyendo tanto al personal docente como no docente.
Desde el ámbito gremial no tardaron en llegar cuestionamientos. Pablo Perazzi, secretario general de Feduba, advirtió que el proyecto “consolida el ajuste sobre nuestros salarios” y reclamó el cumplimiento pleno de la ley vigente.
Perazzi sostuvo que el Parlamento ya se había pronunciado sobre el financiamiento universitario y recordó que esa postura fue respaldada judicialmente por el juez Martín Cormick.
En ese marco, anticipó medidas de fuerza: “Lanzaremos paros que impidan la naturalización de una situación que es, a todas luces, injusta e ilegal”.
Con un escenario político que combina optimismo oficial y resistencia gremial, el debate por el financiamiento universitario promete convertirse en uno de los principales focos de tensión cuando el Congreso retome la actividad ordinaria en marzo.